La Justicia dictó una condena de tres años de prisión de ejecución condicional contra un extrabajador de la actividad minera y su exesposa, tras hallarlos culpables de haberse apropiado de más de 110 millones de pesos que la empresa empleadora les había transferido por error en concepto de una indemnización duplicada y que nunca fue devuelta.
El proceso penal concluyó con la sanción para Dany Roberto Sarmiento y su exesposa, Myriam Mabel Muñoz, por el delito de defraudación y apropiación indebida. El hecho se originó en diciembre de 2024, cuando Sarmiento fue despedido de la firma Minera Andina del Sol luego de desempeñarse durante más de 15 años en la actividad. Al momento de liquidar los haberes correspondientes, la compañía le abonó la suma reglamentaria de 110 millones de pesos; sin embargo, días posteriores, la administración de la empresa ejecutó por un error técnico una segunda transferencia bancaria por idéntico monto, duplicando el pago de forma involuntaria.
De acuerdo con la instrucción de la causa judicial, el imputado omitió notificar el desperfecto administrativo a la compañía y dispuso de los fondos excedentes. Las pericias bancarias demostraron que Sarmiento desvió una parte significativa del dinero duplicado hacia una cuenta perteneciente a Muñoz, quien en ese período era su cónyuge legal. La maniobra financiera motivó la inmediata denuncia penal por parte de los apoderados de la empresa minera.
Durante el desarrollo de la investigación, los magistrados intervinientes ordenaron la aplicación de medidas cautelares y un embargo preventivo por un total de 140 millones de pesos sobre el patrimonio de los investigados. La disposición judicial afectó cuentas bancarias, un inmueble y diferentes vehículos de los involucrados, con el propósito de garantizar el resarcimiento económico de los activos sustraídos.
La sentencia impuso la pena de tres años de prisión condicional para ambos ciudadanos, beneficio que les permite mantener la libertad y no ser alojados en un establecimiento penitenciario, sujeto al cumplimiento estricto de las reglas de conducta obligatorias que fija la ley.
Fuentes ligadas a las actas del procedimiento informaron que, en paralelo al avance de las audiencias logradas en la provincia de San Juan, la pareja disolvió su vínculo matrimonial y se encuentra formalmente separada en la actualidad.
