Tras la realización de la trascendental audiencia pública, se abrió un período clave de 30 días en el que el Ente Regulador de la Electricidad (ENReGE) deberá resolver cómo se administrará el millonario tendido eléctrico de extra alta tensión. La obra es fundamental para el desarrollo del cobre y el oro en la provincia, pero desató una fuerte puja de intereses entre los principales actores del sector.
El conflicto central radica en la resolución nacional que le otorgó a Vicuña Argentina (operadora del megaproyecto Josemaría) la prioridad de uso por 25 años de hasta el 90% de la capacidad de transporte excedente en el corredor Nueva San Juan–Rodeo. A cambio, la compañía se compromete a financiar y completar las millonarias obras de infraestructura eléctrica que permitirán energizar la línea en 500 kV.
El reclamo de los competidores y las provincias vecinas
Durante la audiencia pública, el bloque de competidores mineros —que incluye a proyectos de envergadura como Los Azules, Hualilán (Golden Mining) y Casposo—, junto con intendentes locales y representantes del gobierno de La Rioja, rechazaron el monopolio temporal de la línea. Los argumentos principales apuntan a que un beneficio tan exclusivo atenta contra el principio de «acceso abierto» del sistema eléctrico nacional y pone en riesgo la viabilidad técnica y económica de otros yacimientos que también requerirán energía en sus próximas fases de desarrollo.
Incluso desde gigantes del sector como Glencore (detrás del proyecto El Pachón) se cuestionó conceptualmente el modelo de que las empresas mineras asuman el rol de constructoras de infraestructura pública, advirtiendo sobre el alto costo de capital que esto demanda.
La alternativa: un esquema administrado por el Estado
Mientras corre el plazo legal de un mes para que las autoridades emitan el informe de cierre en el Boletín Oficial, avanzan intensas negociaciones políticas y técnicas. La alternativa que cobra mayor fuerza para destrabar el conflicto propone un cambio de paradigma: que sea el Estado provincial de San Juan quien administre y distribuya la energía excedente, garantizando que el control de un recurso tan estratégico quede en la órbita pública y no bajo el dominio de una sola empresa privada.
Desde la Cámara Minera de San Juan valoraron positivamente el debate y señalaron que, más allá de las diferencias lógicas de intereses, es una excelente señal que la provincia esté discutiendo activamente la deuda histórica en infraestructura bajo parámetros legales y regulatorios claros. Las obras mecánicas demandarán cerca de dos años de ejecución, por lo que los distintos sectores urgen a alcanzar un consenso técnico que no detenga el cronograma de inversiones estimado para la región.
