Representantes del sector empresarial minero formalizaron un firme pedido ante la Legislatura Provincial. Buscan acelerar los tiempos parlamentarios para consolidar un marco normativo que garantice la contratación de bienes y servicios locales ante la inminencia de los grandes proyectos de infraestructura y explotación.
En un contexto clave para el futuro económico de la provincia, las dos principales cámaras empresariales vinculadas al sector minero de San Juan han unificado criterios para alzar la voz ante los poderes públicos. El objetivo central es acelerar el debate y sanción del esperado Proyecto de Ley de Proveedores Mineros, una herramienta que consideran fundamental para blindar y potenciar el entramado productivo local.
Las entidades, que agrupan tanto a las operadoras como a la vasta red de empresas prestadoras de servicios y suministros, enfatizaron que el tratamiento de esta ley debe ser asumido como una «prioridad absoluta» por la Cámara de Diputados de San Juan. Según explicaron directivos sectoriales, el actual escenario requiere certidumbre jurídica de manera inmediata para canalizar de forma eficiente las inversiones venideras.
El reclamo surge ante la percepción de cierta ralentización en las comisiones legislativas encargadas de analizar la letra chica del proyecto. Los empresarios advierten que cada mes de demora se traduce en contratos potenciales que escapan a las pymes locales en favor de corporaciones extraprovinciales o internacionales que ya se posicionan en la región.
«La ventana de oportunidad que abren los mega-proyectos de cobre y oro exige que San Juan tenga una legislación sólida para que la riqueza circule prioritariamente en las empresas y trabajadores locales».
El núcleo del proyecto normativo busca establecer incentivos claros, cupos mínimos de contratación y un registro transparente de proveedores sanjuaninos. Esto obligaría a las multinacionales a priorizar el compre local, siempre que se cumpla con los estándares de competitividad, calidad y seguridad que la industria extractiva internacional demanda.
Asimismo, desde las cámaras apuntaron que no se trata únicamente de un beneficio corporativo, sino de una política de Estado con un profundo impacto social. «El fortalecimiento del proveedor local asegura empleo formal y sustentable en los departamentos donde se localizan los yacimientos, generando un verdadero desarrollo territorial», argumentaron.
Las expectativas están puestas ahora en los puentes de diálogo que se tiendan esta semana con el Ministerio de Minería y los jefes de los principales bloques legislativos. Se espera que las autoridades parlamentarias tomen nota del fuerte posicionamiento del sector corporativo y redefinan la agenda parlamentaria de los próximos días.
Con la reactivación de proyectos de envergadura global en el horizonte de la provincia, el debate sobre el marco regulatorio promete convertirse en el epicentro de la discusión económica local durante el próximo periodo de sesiones.
