El debate oral y público contra Daniel Pino, de 71 años, ingresó en su recta final en los tribunales sanjuaninos. Al imputado le secuestraron más de 800 archivos ilegales luego de alertas emitidas desde Estados Unidos. Cuenta con un antecedente de deportación por violencia de género.
El juicio oral y público contra el jubilado pocitano Daniel Pino, de 71 años de edad, entró en su etapa de definiciones más cruciales en el palacio de Tribunales. Según informaron fuentes vinculadas al caso, este jueves se llevarán a cabo los alegatos de clausura por parte de los distintos actores procesales, paso previo a que el magistrado de la causa dicte la correspondiente sentencia definitiva.
Reportes internacionales y material explícito
El imputado llegó al banquillo de los acusados luego de una exhaustiva investigación que se inició a partir de tres reportes consecutivos de la ONG internacional NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), con sede central en los Estados Unidos, los cuales correspondían a los años 2021, 2022 y 2025. Estas alarmas digitales, que originalmente ingresaron por competencia a la Fiscalía Especializada de Ciberdelitos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron derivadas a la provincia de San Juan al constatarse la geolocalización del sospechoso.
A través de las pericias informáticas se determinó que Pino presuntamente utilizaba grupos de la aplicación de mensajería WhatsApp para intercambiar y solicitar archivos explícitos utilizando la sigla «CP» (Children Pornography). Las líneas de IP, correos electrónicos y los números telefónicos registrados a su nombre confirmaron su actividad en las plataformas digitales. Durante los allanamientos ordenados en su vivienda de Pocito, los efectivos policiales le secuestraron una computadora y dos teléfonos celulares que almacenaban más de 800 imágenes y al menos 11 videos de abusos severos, donde un perito médico constató la presencia de víctimas menores de edad de hasta 6 años.
Los pedidos de las partes ante el juez
En la jornada clave de este jueves, el fiscal Eduardo Gallastegui, al frente de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, expondrá sus conclusiones y solicitará una pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo para el acusado. La Fiscalía ponderará la gravedad del material hallado y el perfil del imputado, quien ya registra un antecedente penal en el exterior: mientras residía en el pasado en Estados Unidos, fue condenado por un hecho de violencia de género, situación que derivó en su inmediata deportación hacia la República Argentina.
Por su parte, el abogado defensor de Pino intentará rebatir la acusación argumentando una supuesta falta de elementos probatorios suficientes y solicitará la absolución de su cliente. Toda la evaluación del caso y la posterior sentencia quedarán bajo la exclusiva responsabilidad del juez de la causa, Javier Figuerola.
