El Secretario General de la Gobernación riojana, Ricardo Herrera, dialogó con Radio Colón y fundamentó el reclamo territorial sobre la latitud 30. Aseguró que los acuerdos anteriores no fueron ratificados por la Legislatura de su provincia y que un fallo de la Corte Suprema reactiva la discusión. Además, se refirió al proyecto Vicuña y destacó el rol clave de su provincia en la infraestructura de la zona.
En una entrevista brindada a Radio Colón, el Secretario General del Gobierno de La Rioja, Ricardo Herrera, se refirió a la histórica disputa de límites con la provincia de San Juan, negando que el reclamo responda meramente a un interés financiero por las regalías del proyecto minero Vicuña. «Reducir el reclamo a la pretensión económica de la provincia de La Rioja es limitar la postura de la provincia», afirmó el funcionario en el archivo «ricardo herrera.mp4».
Herrera explicó que la provincia vecina solicita una revisión formal del acuerdo alcanzado en el año 1968, señalando que actualmente existe un escenario legal favorable para sus aspiraciones. «Hoy hay una ventana jurídica que nos está habilitando o avalando, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación», detalló, argumentando que el máximo tribunal dictaminó en un fallo que el Digesto Jurídico sancionado por el Congreso en 2014 no se encuentra vigente en este aspecto.
El foco del conflicto: la latitud 30
El funcionario riojano precisó que la discusión se centra específicamente en la «latitud 30», zona que calificó como un sector de «límites difusos» entre ambas jurisdicciones. Según su postura, ninguna de las composiciones de la Legislatura de La Rioja desde 1967 en adelante ha ratificado los convenios firmados bajo la Ley Decreto de la última dictadura militar.
Para sustentar su posición, Herrera invocó la normativa interna de su provincia: «El artículo 6 de la Constitución de La Rioja dicta que las cuestiones limítrofes, los diferendos o los acuerdos de límites entre las provincias deben ser ratificados por las legislaturas provinciales». Al no haberse cumplido este requisito por parte de los parlamentarios riojanos desde el año 1973 a la fecha, desde el gobierno vecino consideran que el debate territorial permanece abierto.
Seguridad jurídica y el impacto en el proyecto Vicuña
Frente a los planteamientos provenientes de San Juan sobre cómo este reclamo podría comprometer la seguridad jurídica necesaria para inversiones de gran envergadura —como los proyectos de cobre en Vicuña y particularmente José María—, Herrera se mostró conciliador y descartó que la iniciativa busque frenar el desarrollo. «Considero que La Rioja está en todo su derecho, como San Juan está en todo su derecho de reclamar su territorio. En esto yo celebro la posición del gobernador Orrego, que defiende lo que tiene que defender», manifestó.
El funcionario remarcó que el propósito de zanjar la disputa territorial apunta, por el contrario, a brindar previsibilidad de largo plazo. «Nadie va a impedir el desarrollo económico o el aprovechamiento económico de los recursos naturales, y mucho menos afectar un proyecto que hoy está en la provincia de San Juan», sostuvo, añadiendo que la resolución del conflicto terminará beneficiando económicamente a ambas jurisdicciones.
Finalmente, Herrera justificó la necesidad de acordar un esquema de beneficios compartidos con base en el impacto ambiental y la infraestructura aportada por su provincia. «El impacto económico y el impacto ambiental también nos corresponde a nosotros; no podemos mirar para un costado. De hecho, el 80% del camino para el acceso a este proyecto minero es por la provincia de La Rioja», concluyó.
