El Gobierno nacional ha implementado un cambio significativo en el esquema de financiamiento de la Tarifa Social para el transporte público. A través de la Resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte, vigente desde este miércoles 1 de julio, se dejará de actualizar automáticamente la cobertura del beneficio cada vez que aumente el valor del boleto en las distintas jurisdicciones del país.
Los puntos clave de la medida son:
- Nuevo sistema de «tarifas de referencia»: El descuento del 55% para jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales ya no se aplicará sobre cualquier aumento local, sino que se calculará sobre valores base definidos por la Nación.
- Congelamiento de referencia: Para los servicios provinciales y municipales, el cálculo tomará como base las tarifas vigentes al 30 de junio de 2026. Si una provincia o municipio decide aumentar el boleto por encima de esos valores, el aporte del Estado nacional no se incrementará para cubrir esa diferencia.
- Objetivo de la medida: Desde el Ejecutivo explicaron que esta decisión busca establecer un «parámetro objetivo, uniforme y verificable» ante la creciente dispersión de tarifas y los aumentos frecuentes dispuestos por gobiernos locales, sobre los cuales la Nación no tiene injerencia.
- Situación del beneficiario: El Gobierno aclaró que no se modifica el universo de beneficiarios ni el porcentaje del descuento del 55%. No obstante, se mantiene el requisito obligatorio de contar con la tarjeta SUBE debidamente registrada para acceder al beneficio.
- Autonomía local: Las provincias y municipios conservan la facultad de fijar el precio de sus boletos, pero cualquier costo adicional derivado de subas propias deberá ser financiado exclusivamente por cada jurisdicción.
Con la implementación de este nuevo mecanismo, el Gobierno nacional busca una administración más previsible de los recursos públicos, trasladando la responsabilidad financiera de los incrementos por encima de los valores de referencia a los gobiernos provinciales y municipales.
