La iniciativa es impulsada por la compañía Meitner Energy y cuenta con un 40% de participación de la empresa estatal argentina INVAP. Prevé la instalación de un reactor modular pequeño de última generación y la creación de unos 2.000 puestos de trabajo.
El Gobierno nacional formalizó la presentación de una ambiciosa iniciativa privada orientada al sector energético que promete una inversión de USD 1.200 millones financiados íntegramente por capitales privados. El proyecto contempla la construcción de una nueva central nuclear en el predio de Atucha, en la provincia de Buenos Aires, mediante la instalación de un reactor modular pequeño (SMR) de última tecnología.

La propuesta fue oficializada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, tras mantener un encuentro clave con Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam, y Pablo Franzetti, Director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la compañía en el país.
Detalles del proyecto y tecnología argentina La empresa que encabeza la propuesta, Meitner Energy, forma parte del holding internacional Ansari Group. Sin embargo, el proyecto cuenta con un fuerte componente local: la reconocida empresa estatal rionegrina INVAP posee el 40% de las acciones de la firma.
El plan técnico prevé la construcción del denominado ACR-300, un reactor modular de Generación III+ con una potencia aproximada de 300 MWe. Según destacaron las autoridades, este sistema está basado en un diseño de ingenieros argentinos, lo que convertirá a esta obra en el primer proyecto comercial de este tipo a nivel mundial (First of a Kind). Debido a la envergadura del monto de inversión y sus características estratégicas, la iniciativa buscará acogerse a los beneficios del denominado «Súper RIGI» (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones).
Impacto laboral y esquema operativo De acuerdo con las estimaciones de la firma y los anuncios oficiales, el desarrollo de la obra —que tendrá un plazo estimado de construcción de cinco años tras recibir los avales regulatorios correspondientes— generará cerca de 2.000 puestos de trabajo directos, abarcando las etapas de diseño, construcción, puesta en marcha y posterior operación.

Respecto al funcionamiento de la futura planta, se detalló que el acuerdo otorgará a la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina el derecho de asumir las tareas de operación y mantenimiento bajo condiciones de mercado. Por su parte, la firma privada abonará un canon por el derecho de superficie sobre los terrenos donde se emplazará el reactor.
«Este es exactamente el modelo que venimos impulsando: el Estado genera las condiciones y garantiza la previsibilidad, y el sector privado invierte el capital asumiendo el riesgo», señaló al respecto el secretario Ramos Nápoli.
La iniciativa avanza hacia los pasos administrativos y de evaluación técnica dentro del Ministerio de Economía, mientras aguarda el posterior proceso de licenciamiento a cargo de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).







