El EPRE se puso firme y presentó ante la Nación una propuesta clave para que el proyecto minero Vicuña y los que vienen no se queden con toda la torta. El objetivo es simple: que el acceso a la red de alta tensión sea equitativo y no se convierta en un coto privado.
El organismo advierte que permitir que un solo actor acapare la capacidad de transporte es un riesgo innecesario. Si no se ponen límites claros ahora, otros proyectos mineros y de energías verdes podrían quedar fuera de juego, lo que terminaría frenando el crecimiento real de la provincia en lugar de potenciarlo.
Desde el EPRE hacen hincapié en un punto fundamental: la infraestructura eléctrica no salió de la nada, sino que se construyó gracias al Fondo PIEDE, que financiaron desde las familias sanjuaninas hasta los comercios y empresas locales. Por eso, el ente exige que ese enorme esfuerzo colectivo sea respetado y no quede al servicio exclusivo de un solo inversor privado.
Que quede claro: el objetivo no es poner palos en la rueda ni frenar la minería, sino todo lo contrario. Lo que busca la provincia es seguridad jurídica con reglas transparentes, porque si las condiciones son parejas para todos, más inversores se van a animar a apostar en San Juan, dándole solidez al desarrollo a largo plazo.
Para respaldar esta postura, el EPRE se basó en informes de la UNSJ-Conicet que analizan el modelo de países como Canadá, Australia, Chile y Perú. En esos mercados, la infraestructura es de uso compartido, una receta probada que garantiza que nadie se quede con un monopolio mientras el sistema funciona de manera eficiente para todos. En definitiva, la movida del EPRE busca que la minería sea el gran motor de San Juan, pero sin entregar el control de la energía como si fuera un privilegio de pocos.
