El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, aseguró que la provincia se mantiene en estado de alerta y ya recopila antecedentes históricos, técnicos y jurídicos para defender la soberanía territorial. El reclamo riojano, impulsado por Ricardo Quintela, pretende avanzar sobre una franja estratégica de 2.651 kilómetros cuadrados ubicada en el departamento Iglesia, clave por su riqueza minera, turística y cercanía a Ischigualasto.
El Gobierno de San Juan comenzó a delinear con firmeza su estrategia jurídica frente a la decisión de la vecina provincia de La Rioja de impulsar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el histórico conflicto de límites territoriales. Desde la Fiscalía de Estado confirmaron que los equipos técnicos y legales ya se encuentran trabajando activamente en la recopilación de antecedentes clave para responder con contundencia en caso de que la presentación judicial finalmente se concrete mar adentro del ámbito institucional.
Estado de alerta y fundamentos técnicos
El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, explicó en diálogo con Estación Claridad que, si bien hasta el momento no han recibido la notificación de una acción formal presentada, San Juan se mantiene en un estricto estado de alerta. Ante este panorama, el cuerpo jurídico analiza minuciosamente la documentación disponible y reúne elementos históricos, cartográficos y legales de peso para sostener la histórica posición sanjuanina.
De acuerdo con lo expresado por Dávila, la postura defensiva de San Juan se apoya sólidamente en la plena vigencia de la Ley 18.004, normativa que fijó los límites interprovinciales y cuya validez fue posteriormente ratificada por el Congreso de la Nación. El funcionario sostuvo que la delimitación territorial vigente no respondió en absoluto a decisiones arbitrarias o políticas, sino a un riguroso proceso técnico e interdisciplinario realizado en su momento por especialistas en agrimensura y cartografía.
El funcionario remarcó además que, a criterio de las autoridades locales, no existen antecedentes judiciales ni institucionales que respalden el planteo revisionista impulsado por La Rioja. Asimismo, adelantó que de llegar el expediente al máximo tribunal del país, la defensa de la soberanía local estará integrada por un equipo interdisciplinario de abogados especializados, replicando los esquemas exitosos utilizados en otros litigios de gran relevancia para San Juan.
La disputa por una zona estratégica
La tensión entre ambos gobiernos provinciales se intensificó notablemente luego de que el gobernador riojano, Ricardo Quintela, promulgara una ley provincial que ratifica de manera unilateral el reclamo sobre una franja de aproximadamente 2.651 kilómetros cuadrados. Esta superficie en disputa se encuentra ubicada actualmente dentro del territorio del departamento Iglesia.
La normativa riojana ordena avanzar directamente con una demanda ante la Corte Suprema para intentar revertir la legislación que estableció los límites geográficos actuales. Cabe destacar que la zona que La Rioja pretende anexar posee un altísimo e invaluable valor estratégico para el desarrollo sanjuanino, no solo por sus millonarios recursos mineros y su potencial turístico en alta montaña, sino también por incluir sectores de alta sensibilidad patrimonial cercanos al área natural protegida de Ischigualasto.
