La Armada Argentina presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal tras descubrir, mediante una exhaustiva auditoría interna, una maniobra sistemática de desvío de fondos públicos en el circuito de liquidación de sueldos. La investigación detectó un total de 645 acreditaciones indebidas realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026, por una suma que asciende a $981.148.567,88 —con estimaciones que sugieren que el perjuicio real podría escalar a los $1.500 millones—. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, tras una presentación firmada por el jefe de Administración Financiera de la fuerza por instrucción directa del ministro de Defensa.
El modus operandi consistía en intervenir de forma manual los archivos informáticos una vez superados los controles habituales de liquidación y antes de su remisión al Banco Nación. Mediante esta alteración se inflaban montos o se insertaban beneficiarios ficticios; luego, los registros volvían a sus valores originales en el sistema interno para que las maniobras no figuraran en los recibos oficiales de haberes. Hasta el momento hay 23 personas bajo investigación —entre oficiales en actividad, retirados, civiles y jubilados—, destacándose cuatro personas sin ningún tipo de vínculo con la institución que se quedaron con más de $434 millones (el 44% del total). Una de ellas, receptora de $152 millones en 46 transferencias, es la esposa del capitán de Navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, entonces jefe del Departamento Revista, quien fue relevado preventivamente de sus funciones.
El caso comenzó a destaparse en febrero de 2026 a raíz de suplementos irregulares cobrados por oficiales que luego devolvieron los fondos. Hasta la fecha, los reintegros voluntarios apenas alcanzaron los $42,5 millones, restando recuperar más de $938 millones del daño patrimonial histórico comprobado. Tras las revelaciones, la fuerza naval reestructuró por completo su esquema administrativo: dividió las áreas de liquidación y pago, asignó el envío de archivos bancarios a Tesorería, dispuso auditorías cruzadas independientes y secuestró las computadoras utilizadas para que la Justicia Federal determine las responsabilidades penales de toda la cadena de mandos implicada.
