La provincia se ha plantado firme frente al ENREGE en una pulseada que define el futuro eléctrico de la minería local. El Gobierno y el EPRE han dejado de lado las formalidades para dejar un mensaje claro: la infraestructura de alta tensión no será un botín privado.
La estrategia provincial se apoya en dos pilares que son innegociables para el desarrollo regional. El primero es la transparencia y el bien común. Desde el EPRE recuerdan que la obra fue financiada, en parte, por el bolsillo de los sanjuaninos a través del Fondo PIEDE y, por lo tanto, rechazan tajantemente que un solo proyecto, como Vicuña, se quede con la exclusividad del servicio. Para el organismo regulador, permitir esto no solo es una cuestión de logística, sino un golpe directo a la licencia social de la actividad minera.
El segundo eje es la firmeza política. La Provincia ha enviado una señal contundente: si la resolución nacional ignora el derecho de San Juan a administrar sus recursos con criterios de equidad, están listos para escalar el conflicto a la justicia. No se trata de frenar a nadie, sino de evitar que un jugador obtenga ventajas que hipotequen el crecimiento de otros proyectos mineros. En definitiva, San Juan busca sentar un precedente donde las reglas sean iguales para todos, evitando que la urgencia de unos pocos termine condicionando el desarrollo energético de nuestra provincia.
Queda claro que el ENREGE tiene en sus manos una resolución que marcará un antes y un después en cómo se gestionan los recursos estratégicos de la provincia. San Juan, por su parte, ya dejó sentada su postura: la prioridad es el desarrollo colectivo, no el beneficio particular.
