La reactivación del Tratado de Integración Minera entre Argentina y Chile encendió las alarmas en el entramado productivo de San Juan debido al impacto que los nuevos protocolos específicos podrían tener sobre los proveedores locales. En el marco del programa Ecosistema Minero de Radio Colón, la politóloga e investigadora de la Universidad Nacional de San Juan, Dra. Daniela Castro, junto a referentes de las cámaras empresariales, desmenuzaron la complejidad jurídica y política de este acuerdo transfronterizo indefinido. Mientras el sector pyme manifestó un profundo temor de quedar fuera de competencia ante los menores costos y la mayor experiencia de las contratistas chilenas, los especialistas instaron al Estado provincial a ejercer su rol constitucional de tutor sobre los recursos naturales para evitar la destrucción de la cadena de valor local.
Un tratado con rango superior al Código Civil y el temor pyme
El debate puso el foco en el alcance legal del tratado firmado a fines de 1997, el cual establece un área transfronteriza que se extiende a 50 kilómetros a ambos lados de la frontera para facilitar la operatividad de yacimientos geológicos compartidos, como Filo del Sol. Los representantes empresariales advirtieron que este acuerdo posee un carácter macro que se ubica jurídicamente por encima del Código Civil, operando de manera fáctica como una «zona franca de libre paso y trabajo» entre las dos naciones.
La principal preocupación gremial y corporativa radica en las marcadas asimetrías impositivas y de estabilidad macroeconómica que existen entre Argentina y Chile. Los dirigentes detallaron que las pymes sanjuaninas se encuentran en una posición de extrema vulnerabilidad en rubros críticos como el transporte de pasajeros, alquileres, camionetas y camiones regadores.
Advertencia del sector proveedor: «Un vehículo en Chile está entre un 40% y un 50% más barato que en nuestro país. Si las operadoras mineras se vuelcan a Chile buscando puramente menores costos, eficiencia y una experiencia comprobada que nos lleva décadas de ventaja, los proveedores sanjuaninos no vamos a tener forma de competir y directamente no tendríamos ni para entrar a jugar el partido. Si no se reglamenta una defensa estricta del compre local, este tratado destruye la cadena de valor que costó 20 años construir.»
Gremios alertas y la «lucha quijotesca» frente a las operadoras
El impacto del tratado no solo mantiene en vilo a las empresas, sino también a los sindicatos. Se constató que la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) observa el proceso con preocupación ante las intenciones de las grandes compañías de introducir planteles de operarios chilenos bajo condiciones de contratación específicas. Según los representantes de las cámaras, algunas operadoras ya han comenzado a negociar concesiones gremiales para registrar a personal transandino dentro de los marcos sindicales locales.
Frente a este escenario, los empresarios calificaron la situación de «lucha quijotesca contra molinos de viento» si las entidades privadas se quedan solas en el reclamo. Se solicitó de manera urgente que el Gobierno de San Juan haga valer el artículo 124 de la Constitución Nacional —que ratifica el dominio originario de las provincias sobre sus recursos— para intervenir de manera firme en las mesas de negociación internacionales.
Inteligencia económica e intervención de actores subnacionales
Por su parte, la Dra. Daniela Castro aportó una lectura analítica desde las ciencias sociales y la ciencia política, destacando el rol estratégico que posee San Juan en este tablero internacional. Castro explicó que los yacimientos mineros de cobre proyectados representan minerales críticos a nivel mundial, por lo que las negociaciones exceden las políticas partidarias y deben abordarse en clave de «inteligencia económica» de Estado.
Dra. Daniela Castro: «A través de las investigaciones que llevamos adelante sobre los mecanismos de integración, analizamos cómo los actores subnacionales (las provincias) pueden convertirse en actores internacionales clave. La provincia de San Juan tiene la potestad de solicitar a la Cancillería argentina que incorpore modificaciones técnicas o cláusulas de resguardo local dentro de los protocolos específicos de cada proyecto. El tratado es indefinido en términos legales, pero si la realidad socioeconómica pasa por encima de la norma, los instrumentos jurídicos pueden y deben revisarse.»
La especialista precisó que el aporte del conocimiento científico de la universidad busca, precisamente, dotar a los tomadores de decisión locales de las herramientas normativas necesarias para defender el capital humano sanjuanino. En paralelo, anticipó que el equipo universitario ya trabaja en un análisis técnico del tratamiento de la Ley de Desarrollo Minero provincial de cara a su inminente decreto reglamentario, cuyo borrador oficial ya está siendo evaluado por el Poder Ejecutivo local con un plazo de ejecución estimado en 60 días.
