A partir de la sanción de la normativa nacional que redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la Corte de Justicia y la Cámara de Diputados de San Juan debieron implementar una legislación transitoria para adecuar el sistema procesal local, mientras avanza la redacción del Código Penal Juvenil definitivo. En ese contexto, la abogada especialista con perspectiva de infancia, Paola Natacha Ibáñez, advirtió sobre las serias deudas institucionales, estructurales y profesionales que afronta la provincia para dar cumplimiento efectivo a las garantías del menor.
La norma provisoria incorpora vías procesales alternativas para evitar que los adolescentes afronten un trámite idéntico al de los adultos según la gravedad del hecho investigado, tales como la suspensión del juicio a prueba, los mecanismos de conciliación y reparación integral (con enfoque económico o de servicio comunitario) y el juicio abreviado. Asimismo, se diseñó la figura del supervisor dependiente del Poder Ejecutivo para el seguimiento y monitoreo de la conducta de los jóvenes, aunque la letrada remarcó que todavía resta fijar los criterios específicos de idoneidad y formación para esos agentes.
No obstante, el foco crítico estuvo puesto en la urgente necesidad de implementar la figura formal del Abogado del Niño, señalando que los menores no pueden depender de la defensa pública convencional ni del rol histórico de las asesorías de menores, sino que requieren letrados con preparación técnica exclusiva en niñez y adolescencia. Del mismo modo, Ibáñez alertó sobre la carencia de dispositivos sanitarios estatales para abordar problemáticas de consumo problemático de sustancias —presentes en la gran mayoría de los casos judicializados— y la falta de espacios edilicios adecuados de alojamiento acordes a los estándares de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Fuente: San Juan 8
