En un acto que profundiza la controversia bilateral y vulnera las resoluciones de la comunidad internacional, la administración colonial británica de las Islas Malvinas, con el expreso respaldo de Londres, resolvió prorrogar por cinco años las licencias offshore para la exploración y explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina. La medida otorga a las compañías foráneas continuidad operativa con opción a una prórroga adicional de dos años, en momentos en que la Justicia federal argentina mantiene fallos firmes que prohíben dichas faenas por carecer de autorización de la República Argentina.
La decisión fue ratificada públicamente por Cheryl Roberts, referente de Comercio, Industria y Recursos Minerales de la asamblea legislativa ilegítima de las islas, quien defendió la explotación unilateral de los recursos naturales del archipiélago alegando la necesidad de dar «seguridad jurídica y previsibilidad financiera a los operadores petroleros».
El avance del yacimiento Sea Lion y el freno judicial argentino
El principal desarrollo alcanzado por esta prórroga es el megaproyecto Sea Lion, emplazado en la cuenca norte de Malvinas a unos 220 kilómetros de la costa insular. El bloque está liderado por la firma israelí Navitas Petroleum (que controla el 65% de la sociedad) y la británica Rockhopper Exploration (dueña del 35% restante), consorcio que proyecta iniciar la extracción masiva de crudo hacia marzo de 2028. De forma complementaria, las autoridades coloniales avalaron que una filial de Navitas absorba el 65% del área contigua PL001 tras un acuerdo con la canadiense JHI Associates.
Frente a este avance extractivista, la Justicia argentina mantiene una postura tajante. Semanas atrás, la jueza federal de Río Grande, Dra. Mariel Borruto, hizo lugar a una acción de amparo impulsada de manera conjunta por el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, librando una orden judicial expresa que conmina a Navitas y Rockhopper a abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar cualquier tarea vinculada a la puesta en marcha de Sea Lion.
Rechazo a la violación del derecho internacional
Desde la Cancillería argentina y los estrados judiciales nacionales se reiteró que estas licencias constituyen actos nulos, ilícitos y pasibles de sanciones penales y económicas bajo la Ley de Hidrocarburos. Entre sus argumentos centrales, el Estado argentino invoca la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), la cual ordena taxativamente a ambas partes en disputa abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras persista el litigio de soberanía pendiente de negociación.
Londres, por su parte, desoye sistemáticamente el mandato multilateral de la ONU y alega una presunta autonomía isleña para comercializar los recursos soberanos, abriendo un nuevo foco de litigio diplomático y judicial en el plano internacional por el saqueo de los bienes naturales del Atlántico Sur.
