El presidente renunciante de Paraguay, Santiago Peña, presentó un escrito formal ante el Poder Legislativo para solicitar una prórroga de 72 horas con el fin de formular su descargo y ofrecer pruebas en el marco del juicio político que tramita en su contra. La presentación fue elevada a la presidencia del Congreso Nacional, a cargo de Basilio «Bachi» Núñez, donde el exmandatario impugnó el cronograma fijado por la Cámara de Senadores —que lo citó a comparecer este viernes a las 10:00— al advertir que disponer de menos de 12 horas lesiona de forma directa las garantías constitucionales del debido proceso legal.
De acuerdo con el documento presentado, Peña fue notificado formalmente mediante la cédula N.º 4217 el jueves a las 22:15. Junto con la citación, recibió un libelo acusatorio de 15 páginas respaldado por un expediente documental anexo que ronda las 300 fojas, lo que tornaba materialmente inviable articular una estrategia letrada antes del horario fijado para la audiencia matutina.
El planteo sobre las garantías del debido proceso
En su presentación, Peña fundamentó que la celeridad impuesta por las autoridades parlamentarias vulnera los estándares elementales de un Estado de derecho. «Claramente, al tratarse de un proceso del cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido proceso, entre ellas, contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa. Sin dudas, resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho», remarcó en el escrito.
El trámite del juicio político continúa adelante a pesar de que Peña comunicó su renuncia, dado que la oposición y sectores legislativos impulsan la sentencia de destitución para remover de forma inmediata sus fueros e inmunidades parlamentarias y habilitar la intervención penal de oficio por parte del Ministerio Público Fiscal en la causa vinculada a la quiebra del Ueno Bank.
