El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció formalmente que impulsará un pedido de juicio político contra la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, Laura Beatriz De Marinis. La decisión del mandatario se conoció luego de que la magistrada declarara la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil para un caso particular y dictara el sobreseimiento de un menor de 14 años que había sido detenido e imputado por el delito de tentativa de robo en la vía pública.
Macri instruyó a su ministro de Justicia, Gabino Tapia, para redactar la presentación ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad e interponer la apelación contra la sentencia. Se trata de la primera oportunidad desde que asumió la jefatura de Gobierno en la que el referente del PRO promueve la destitución de un magistrado, remarcando con dureza que «los jueces deben aplicar las leyes sancionadas y vigentes, no esquivarlas según sus posturas ideológicas».
El intento de arrebato que desató la polémica
El expediente que originó la controversia se remonta al pasado 10 de septiembre, cuando un transeúnte de 47 años denunció que un grupo integrado por cinco jóvenes intentó sustraerle el teléfono celular. Tras esquivar el ataque, la víctima dio aviso inmediato a un efectivo de la Policía de la Ciudad, lo que permitió interceptar y aprehender a los sospechosos a pocas cuadras del lugar.
Al momento de definir la situación procesal del chico de 14 años, la jueza De Marinis hizo lugar al planteo de la defensa y determinó que aplicar el nuevo esquema punitivo a esa edad configuraba un principio regresivo en materia de derechos y garantías respecto del régimen legal precedente. En su argumentación, consideró que la privación de la libertad debe constituir la última alternativa del Estado y evaluó que, al no haberse producido lesiones físicas ni consumado la sustracción de bienes, no correspondía una sanción penal.
Segundo revés judicial y tensión por la nueva normativa
La sentencia de De Marinis no suspende la aplicación de la ley con alcance general en todo el distrito porteño, sino que limita sus efectos al expediente analizado. No obstante, representa el segundo fallo judicial de peso que objeta la operatividad del nuevo Régimen Penal Juvenil en el país, sumándose a un pronunciamiento similar dictado días atrás en los tribunales de la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, Jorge Macri defendió el espíritu del marco normativo nacional y advirtió que la legislación prevé abordajes integrales y medidas socioeducativas que no implican necesariamente el encarcelamiento, pero sí una respuesta penal formal: «No podemos permitir que se convalide la impunidad frente a quienes cometen delitos valiéndose de su edad», concluyó.
