En un intento por desactivar el fuerte rechazo generado por los recortes preliminares previstos en el proyecto de Presupuesto, el oficialismo presentó formalmente ante los bloques aliados de la Cámara de Diputados una contrapropuesta integral para regular el sistema de atención y asignaciones destinadas a personas con discapacidad. La iniciativa, que busca reemplazar la prórroga de la Emergencia en Discapacidad por un régimen permanente dentro de las partidas presupuestarias ordinarias, ratifica la actualización mensual de las pensiones por inflación, sostiene el nomenclador único de prestadores y cancela deudas históricas, aunque incorpora un endurecimiento en las auditorías sobre los beneficiarios.
El texto comenzó a ser analizado en el Congreso tras una cumbre encabezada por el titular de la Cámara baja, Martín Menem, junto a legisladores del PRO, la UCR, el MID y bancadas provinciales. La intención del oficialismo es alcanzar las firmas necesarias para emitir dictamen de comisión y llevar la propuesta al recinto.
Pensiones compatibles con trabajo y cobertura médica
Uno de los ejes más sensibles abordados en la reforma establece que la Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad continuará plenamente vigente, conservando el mecanismo de movilidad mensual ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Asimismo, garantiza el acceso a un programa médico oficial de cobertura integral de salud.
Atendiendo a un reclamo histórico de las organizaciones sociales y de la oposición dialoguista, la norma fija la compatibilidad legal entre el cobro de la pensión y el desempeño en un empleo registrado, siempre que los ingresos laborales del titular no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM). En paralelo, se contemplan incentivos fiscales y exenciones impositivas para aquellos empleadores que contraten a personas con discapacidad por tiempo indeterminado.
Aranceles protegidos, pago de deudas y piso presupuestario
Para el sector de los prestadores y transportistas, el proyecto disipa la amenaza de una desregulación de tarifas. Se ratifica la vigencia del artículo 7 bis de la Ley 24.901, asegurando el nomenclador universal y un esquema de aranceles unificados para todas las obras sociales, prepagas y jurisdicciones del país, actualizados por movilidad previsional.
Además, el texto compromete al Estado a saldar mediante un cronograma formal las compensaciones económicas adeudadas por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Para blindar los fondos, se incluyó una cláusula de garantía presupuestaria que prohíbe que las partidas globales del área sean inferiores, en términos reales, a las ejecutadas en el ejercicio inmediato anterior.
Controles socioeconómicos periódicos
La contrapartida planteada por el Ejecutivo radica en la fiscalización de las asignaciones por invalidez laboral. La Secretaría Nacional de Discapacidad quedará facultada para realizar auditorías periódicas y cruces de bases de datos patrimoniales y fiscales. Conforme al nuevo criterio, la mera presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) no bastará para percibir el haber: los beneficiarios deberán acreditar que su condición física y su cuadro socioeconómico mantienen correspondencia con los parámetros de vulnerabilidad exigidos por la normativa.
Mientras los bloques aliados evaluaron el proyecto como un avance que otorga previsibilidad y sostenibilidad fiscal, desde el peronismo cuestionaron que la efectividad de las medidas quedará supeditada al volumen de recursos que finalmente consagre la ley de Presupuesto en el recinto.
