La disputa entre la Casa Rosada y la comunidad universitaria sumó un nuevo capítulo en los tribunales federales. El Gobierno nacional confirmó que apelará la resolución dictada por el juez federal Martín Cormick (titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11), quien intimó al Poder Ejecutivo a dar cumplimiento total en un plazo improrrogable de cinco días a la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), bajo apercibimiento de imponer multas diarias por cada jornada de demora.
La presentación formal del Ejecutivo se elevará ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Desde los despachos oficiales sostienen que la cautelar ya fue acatada y acreditada en el expediente, argumentando que las subas otorgadas a lo largo del año satisfacen la manda judicial. Además, analizan solicitar que la apelación sea concedida con efecto suspensivo para frenar la cuenta regresiva impuesta por el magistrado.
La vigencia de la cautelar y el choque salarial
La medida cautelar rige desde diciembre de 2025 y ordena la inmediata operatividad de los artículos 5 y 6 de la norma, orientados a la recomposición de los haberes docentes y nodocentes, junto a la actualización de las partidas de las becas estudiantiles. En junio pasado, la Corte Suprema de Justicia ya había desestimado un recurso extraordinario del Estado nacional, ratificando la plena vigencia de la orden judicial.
Pese a que a mitad de año se rubricó una recomposición de la masa salarial del 24,33% y un incremento del 20% para gastos operativos y hospitales de las casas de altos estudios, la tensión recrudeció en septiembre: el Gobierno ofreció un 3% adicional que fue rechazado de plano por las federaciones gremiales, que consideran que persiste un severo atraso frente al costo de vida.
Presupuesto 2027 y nueva Marcha Federal
El conflicto judicial corre en paralelo con la pulseada presupuestaria en el Congreso de la Nación. Para el ejercicio 2027, el proyecto oficial contempla una partida de $7,349 billones para el sistema universitario, cifra sustancialmente inferior a los casi $11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) proyecta como indispensables para sostener las carreras y la investigación.
Frente a la negativa gubernamental de acatar la intimación judicial sin apelar y el recorte de fondos proyectado, rectores, docentes, nodocentes y agrupaciones estudiantiles ratificaron la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre.
