La Justicia sanjuanina resolvió extender por otros tres meses la detención preventiva bajo modalidad domiciliaria para un empleado del área de informática de la Contaduría General de la Provincia, de 45 años y domiciliado en Chimbas, imputado provisoriamente por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado contra su expareja. La medida fue dictada por la jueza de Garantías Celia Maldonado, quien desestimó el pedido de cese de encierro planteado por la defensa particular y avaló el requerimiento del Ministerio Público Fiscal para resguardar la continuidad de la investigación penal preparatoria.
Años de sometimiento y el detonante familiar desde Jujuy
El expediente, bajo instrucción de la UFI CAVIG a cargo del fiscal Alberto Martínez y la ayudante fiscal Virginia Pérez, detalla un prolongado patrón de agresiones físicas, psicológicas y presuntos abusos sexuales en el ámbito doméstico. Durante años, la víctima se vio imposibilitada de radicar la denuncia formal por temor a represalias, limitándose en un principio a solicitar medidas cautelares de exclusión de hogar para retirarlo de la propiedad compartida.
El punto de quiebre definitivo se produjo en junio pasado, cuando la mujer mantuvo una comunicación telefónica con su hermana, radicada en la provincia de Jujuy. Durante la charla, su familiar le reveló que su hija (sobrina del acusado) había confesado haber sido víctima de abusos sexuales cometidos por este mismo hombre durante una visita temporal a San Juan, hecho que ya había sido judicializado con una denuncia penal formal ante las autoridades jujeñas.
Detención, imputación formal y extensión de la cautelar
Al tomar conocimiento de que el patrón de ultrajes trascendía su propio calvario, la mujer concurrió de inmediato a la sede de la UFI CAVIG para radicar la denuncia. El informático fue detenido pocos días después y formalmente imputado en audiencia celebrada el 23 de junio. En aquella oportunidad, su abogada defensora, María Filomena Noriega, argumentó que el imputado padece de obesidad mórbida y otras patologías crónicas de base, logrando que la magistrada le otorgara la detención domiciliaria por un plazo de 90 días.
Al cumplirse el vencimiento de dicho término, la jueza Maldonado ratificó la necesidad de mantenerlo privado de la libertad en su domicilio por otros tres meses, mientras la fiscalía sanjuanina aguarda los exhortos e informes oficiales solicitados a los tribunales de Jujuy para determinar si las actuaciones de ambas provincias confluyen en un único cuadro acusatorio agravado.
Fuente: Diario 13 San Juan
