Francia ingresó en una fase de máxima restricción institucional luego de registrar los peores episodios de violencia urbana de su historia reciente. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ordenó a los prefectos de todo el país la aplicación inmediata de toques de queda nocturnos parciales tras un violento fin de semana en el que las marchas masivas contra el costo de vida derivaron en una ola de saqueos, incendios y choques armados que dejó casi 2.400 detenidos y cerca de 1.000 efectivos de seguridad lesionados.
La determinación se tomó luego de una reunión de emergencia en el Ministerio del Interior, orientada a coordinar la asistencia financiera a los comerciantes damnificados, los fondos de cobertura de seguros y la persecución penal de los saqueadores. La ola de desmanes golpeó con especial crudeza a París, Marsella, Lyon, Lille, Burdeos y Limoges —donde un incendio intencional destruyó el techo del histórico ayuntamiento de más de 140 años—. Según estimaciones preliminares, más de 1.500 locales comerciales (supermercados, farmacias, tiendas de lujo y cadenas de tecnología) fueron saqueados y destrozados por manifestantes en las columnas de protesta.
Macron admitió fallas de inteligencia y rechazó la renuncia de su ministro del Interior
Las movilizaciones del fin de semana, que agruparon a entre 550.000 y 800.000 personas impulsadas por sindicatos, estudiantes y sectores de los antiguos «chalecos amarillos», comenzaron como un reclamo legítimo ante la inflación, el alza en los combustibles y el deterioro de los servicios públicos. Sin embargo, el nivel de desborde llevó al presidente Emmanuel Macron a brindar un mensaje en cadena nacional donde endureció el tono: «Nada lo explica, nada lo justifica. Quienes buscaron derrocar la República deberán rendir cuentas», advirtió, al tiempo que diferenció el malestar social genuino del accionar de grupos radicalizados de extrema izquierda y delincuentes organizados.
El mandatario reconoció públicamente graves «fallas en la previsión y la inteligencia» de las fuerzas estatales y rechazó la renuncia que le presentó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, tras admitir que la policía había «perdido el control» en varios focos del país. En lugar de apartarlo, Macron le exigió máxima transparencia para auditar los operativos y descartó, por el momento, decretar el estado de emergencia general. Mientras la oposición intensificó duras críticas cruzadas —con Marine Le Pen hablando de un gobierno «agotado» y Jean-Luc Mélenchon calificando las medidas de «incompetencia»—, el Ejecutivo confía en que las vacaciones escolares otorguen una tregua temporal antes de una nueva gran huelga general ya programada para el 5 de noviembre.
