La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) presentó formalmente un expediente administrativo ante el Ministerio de Defensa de la Nación para definir el futuro y la supervisión del radiotelescopio emplazado en la localidad de Barreal, departamento Calingasta. En ese contexto, el director del Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA), Marcelo Segura, desmintió de manera categórica las versiones que señalaban un presunto uso militar o de espionaje en las instalaciones, ratificando el estricto carácter científico del proyecto ante el inminente vencimiento del convenio original firmado en 2015.
Segura detalló que, si bien cualquier radiotelescopio en el mundo posee características técnicas de uso dual —capacidad de escudriñar el espacio profundo o registrar el paso de señales satelitales—, el instrumento sanjuanino fue concebido y diseñado únicamente para fines de investigación astronómica. Asimismo, destacó que la universidad siempre mantuvo una política de transparencia absoluta con libre acceso a documentación y visitas al predio. Para reconfigurar el acuerdo bilateral con China, la UNSJ —a través de Segura y el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Jorge Castro— propuso la creación del consorcio internacional FARO (Félix Aguilar Radio Observatorio), que sumará la cooperación de España, Sudáfrica e Italia, reduciendo la cuota de participación del país asiático del 60% al 50%.
MONITOREO ESTATAL LAS 24 HORAS Y SOBERANÍA CIENTÍFICA:
El nuevo esquema de control propuesto contempla un estricto monitoreo técnico coordinado por el Ministerio de Defensa bajo guardia permanente. La iniciativa estipula que el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) se encargue de verificar que todas las frecuencias captadas provengan efectivamente del espacio exterior, mientras que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) fiscalizará en tiempo real los movimientos mecánicos del plato reflector. Con el expediente ya ingresado en despachos nacionales, la casa de altos estudios aguarda la respuesta formal del Gobierno central para sellar la continuidad del observatorio bajo este renovado marco de soberanía estatal.
