En una entrevista exclusiva con Radio Colón, el abogado mediático Roberto Castillo brindó detalles sobre la estrategia jurídica en defensa de Facundo Nievas, el empleado municipal de Angaco condenado por peculado en primera y segunda instancia. Durante el diálogo con Adrián Tejada y Cintia Rodríguez, el letrado reveló graves irregularidades procesales, afirmó que presentaron un recurso extraordinario ante la Corte y denunció presuntos hostigamientos contra su defendido mientras estuvo detenido en la seccional policial del departamento.
Castillo explicó que la causa omitió pruebas documentales decisivas para la resolución del litigio. «Los jueces no tuvieron en cuenta que el terreno supuestamente beneficiado con recursos del Estado fue cedido formalmente al municipio en 2023 a pedido de unos 20 vecinos para obras de luz y agua, con la firma del propio intendente. Es un documento público: Nievas no se benefició de nada ni vive allí. Además, es insólito que por peculado sólo condenen a un operario raso, que no tenía jerarquía ni capacidad para disponer de maquinarias a espaldas de todos», aseveró el defensor. En ese marco, ratificó que el trabajador acusó formalmente al exintendente José Castro de obligar a los empleados a construir viviendas privadas para funcionarios fuera de horario bajo amenaza de despidos.
Por otra parte, Castillo fundamentó el hábeas corpus interpuesto y el reclamo de prisión domiciliaria, rechazado recientemente por la jueza Lucero e impugnado ante una instancia superior. El abogado advirtió que la permanencia de Nievas en la comisaría de Angaco —ubicada a metros del edificio municipal— respondió a un esquema de amedrentamiento: «Estaba bajo control directo del poder político; cada visita era informada y no lo dejaban hablar a solas por teléfono. Tras trascender la denuncia contra Castro, no la pasó bien: le restringieron el acceso al baño obligándolo a usar botellas y le quitaron pertenencias. No existen riesgos procesales con la investigación ya concluida como para negarle la prisión domiciliaria». Asimismo, desestimó las objeciones sobre su matrícula local aclarando que cuenta con representación de profesionales matriculados en San Juan y respaldó su actuación en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
