La cifra de víctimas fatales por la catástrofe ferroviaria ocurrida en la localidad de Urda, en la provincia española de Toledo, se elevó a 69 este jueves 29 de octubre, según confirmó oficialmente el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. El siniestro dejó un saldo de aproximadamente 200 personas heridas, de las cuales 50 continúan internadas en centros de salud castellano-manchegos, mientras que casi un centenar de pasajeros recibieron atención médica en hospitales de la Comunidad de Madrid, en medio de una desesperada búsqueda que mantiene en vilo a 64 familias que denunciaron la desaparición de personas vinculadas al viaje.
Hasta la zona de la emergencia se trasladó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien formó parte de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y garantizó que se reforzarán todos los protocolos de seguridad en la red ferroviaria para evitar que se repita un desastre similar. En señal de duelo y acompañamiento institucional, los Reyes de España programaron una visita al Hospital Universitario de Toledo para interiorizarse sobre el estado de los internados, al tiempo que las compañías Renfe e Iryo, junto al Servicio de Emergencias 112, desplegaron líneas telefónicas exclusivas de contención y orientación para los allegados a las víctimas.
El fatal acontecimiento desató una fuerte controversia en el tablero político y sindical respecto de los factores que desencadenaron la colisión. Mientras el titular del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó de «frivolidad» los dichos del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras insinuar responsabilidades sobre un operador de la estación madrileña de Atocha, el titular del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), Diego Martín, repudió la filtración de audios parciales de control y advirtió con dureza sobre el deterioro estructural del servicio, denunciando que en la actualidad «cada vez se trabaja más con sistemas degradados».
