En una sentencia definitiva de fuerte impacto fiscal e institucional, la Justicia federal falló a favor del piloto de avión, cineasta y empresario Enrique Piñeyro y ordenó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) reintegrarle una suma superior a los $9.377 millones. El monto corresponde a la devolución de lo abonado en concepto del denominado «aporte solidario y extraordinario», el tributo a los grandes patrimonios sancionado durante la administración de Alberto Fernández. Según confirmó el propio beneficiario, el reintegro judicial representa cerca del 99% del pago original efectuado en su momento, aunque remarcó que la inflación acumulada y las sucesivas devaluaciones licuaron sustancialmente su valor en términos reales.
Lejos de retener los fondos para su patrimonio personal, Piñeyro anunció que la totalidad de los más de $9.300 millones tendrá como destino exclusivo la Fundación Garrahan, entidad que asiste y financia equipamiento para el emblemático Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. «El dinero tiene que pasar por una cuenta mía e ir al Garrahan; yo ya hice la escritura de donación y la fundación ya la aceptó ante escribano público», explicó el empresario, dejando en claro que el traspaso no quedó supeditado a una mera declaración pública, sino que cuenta con un instrumento jurídico formalmente suscripto entre las partes.
Crítica a la retroactividad y debate sobre la política fiscal El litigio judicial se originó a partir de una acción declarativa de certeza mediante la cual Piñeyro impugnó la validez temporal del gravamen, argumentando que el esquema legal pretendía alcanzar situaciones patrimoniales previas a la promulgación de la ley. Tras abonar el tributo bajo protesta junto con los intereses punitorios, el reclamo derivó en la exigencia de repetición de pago que ahora fue convalidada en los estrados judiciales.
Pese a haber ganado el juicio, Piñeyro se diferenció de los discursos antisatales y defendió la vigencia de un sistema impositivo progresivo: «Yo creo que hay que pagar impuestos y que los patrimonios más altos deben aportar más; el Estado debe ser un ecualizador social que garantice salud, educación y nutrición», sostuvo. No obstante, cuestionó con dureza los sucesivos blanqueos de capitales aplicados en los mandatos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, advirtiendo que esas medidas premian la evasión, desalientan a los contribuyentes que cumplen y profundizan las distorsiones mientras áreas sensibles como los hospitales pediátricos y las universidades públicas sufren graves faltas de financiamiento.
Fuente: Infobae
