La Justicia sanjuanina formalizó la investigación contra un hombre de 42 años, identificado por sus iniciales como N.A., acusado de abusar sexualmente de su propia tía, una mujer mayor de edad que padece severos trastornos cognitivos y de memoria. A pesar de la gravedad del delito imputado por la UFI CAVIG, la Jueza de Garantías, Flavia Allende, resolvió que el acusado transite el proceso en libertad y de manera ambulatoria, debido a una condición médica preexistente por la que lleva una placa de titanio en el cráneo tras haber sufrido un grave accidente de tránsito en el pasado.
La aberrante situación fue descubierta en el mes de agosto por el hijo de la víctima, quien al ingresar a la habitación de su madre encontró un escenario perturbador: la mujer se encontraba semidesnuda y su primo (el imputado) estaba completamente desnudo. Si bien en ese momento el acusado y la víctima, desorientada por su patología, afirmaron que «no había pasado nada», los exámenes médicos y científicos posteriores contradijeron esa versión al constatar lesiones vaginales de reciente data compatibles con un ataque sexual. Los peritajes psicológicos, por su parte, determinaron que la mujer presenta graves dificultades de memoria a corto y largo plazo que le impiden comprender el proceso judicial, por lo que se desaconsejó tomarle declaración.
Durante la audiencia de formalización, el fiscal Eduardo Martínez, de la UFI CAVIG, imputó a N.A. por el delito de Abuso Sexual con Acceso Carnal en calidad de autor, solicitando seis meses para la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y pidiendo la internación del acusado durante un mes para someterlo a rigurosas pericias psiquiátricas en resguardo de la seguridad pública. Sin embargo, la defensora oficial Cecilia Mut se opuso al encierro argumentando la delicada condición neurológica de su asistido. Al finalizar el debate, la magistrada Allende concedió la libertad condicional al acusado —con la prohibición absoluta de acercarse al domicilio de la víctima, debiendo residir en la casa de un amigo— y ordenó la conformación de una Junta Médica interdisciplinaria que incluirá a un neurólogo, un psiquiatra, un psicólogo y un trabajador social, con el fin de determinar de manera ambulatoria su estado de salud mental y nivel de imputabilidad.
