El juez de Garantías Alberto Caballero desestimó los planteos dilatorios presentados por la defensa y resolvió formalizar la investigación penal contra José Oscar Muñoz por el delito de estafa bajo la modalidad de insolvencia fraudulenta. El imputado, propietario del inmueble ubicado en el departamento Capital donde tres jóvenes murieron por intoxicación con monóxido de carbono en agosto de 2023, continuará el proceso en libertad, aunque la Justicia le dictó la inhibición general de bienes y la prohibición estricta de salir del país.
La acusación, impulsada por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas bajo la dirección del fiscal Atilio Yanardi, sostiene que Muñoz llevó adelante maniobras deliberadas de vaciamiento patrimonial para frustrar el cobro de la indemnización fijada a favor de las familias damnificadas. De acuerdo con el planteo fiscal, el acusado se desprendió intencionalmente de propiedades valuadas en más de 150 millones de pesos apenas un mes y medio antes de recibir una sentencia adversa, maniobra calculada para declararse insolvente y eludir el pago de los 46 millones de pesos determinados en concepto de resarcimiento económico para los allegados de Sasha, Yeni y una adolescente de 17 años, las tres víctimas fatales del trágico suceso.
Durante la audiencia judicial, la defensa técnica del propietario intentó frenar el avance del proceso penal invocando la prejudicialidad, fundamentada en la existencia de una acción revocatoria en trámite dentro del fuero civil. No obstante, el magistrado rechazó esa postura, convalidó los elementos reunidos por el Ministerio Público Fiscal y fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria, habilitando la recolección de pruebas periciales y contables complementarias.
Para garantizar la comparecencia del imputado y resguardar el eventual cobro de las indemnizaciones, el tribunal le impuso a Muñoz la obligación de someterse al proceso judicial, la prohibición expresa de realizar actos que entorpezcan el esclarecimiento del hecho y la interdicción de salida del territorio nacional sin previa autorización judicial. Como medida cautelar de fondo, se decretó la inhibición general de todos sus bienes, cerrando cualquier posibilidad de transferencias patrimoniales adicionales mientras se sustancie la causa penal en los tribunales locales.
