El proceso judicial que investiga la trágica muerte de la joven motociclista Brisa Gallardo (23) sumó una instancia determinante en los tribunales locales. Durante una audiencia clave, el juez de impugnación Maximiliano Blejman escuchó los argumentos del recurso presentado por la defensa de Mateo Joaquín Argüello Medawar, único imputado en la causa, y anticipó que hará uso del plazo procesal de 30 días hábiles para emitir una resolución definitiva sobre el fondo del planteo.
El recurso, impulsado por el abogado defensor José Beltrán, ataca de lleno el fallo de la jueza de garantías Verónica Chicón, quien previamente había desestimado una solicitud de inconstitucionalidad e inaplicabilidad del Decreto Reglamentario Provincial 250-R, sancionado en el año 2006. La defensa fundamenta su postura en que dicha norma local otorga prioridad de paso a quienes circulan por avenidas, lo que a su criterio colisiona abiertamente con la Ley Nacional de Tránsito 24.449, régimen al que la provincia de San Juan adhirió y que consagra de manera taxativa la preferencia absoluta de quien arriba por la derecha.
La controversia jurídica resulta central para determinar las responsabilidades penales en el siniestro vial, dado que la víctima circulaba a bordo de su motocicleta por avenida Ignacio de la Roza cuando el vehículo guiado por Argüello Medawar intentó trasponer la arteria ingresando desde calle Catamarca. Frente a la impugnación de la defensa, el fiscal Iván Grassi se opuso formalmente al requerimiento, ratificando la constitucionalidad de la normativa vigente bajo el argumento de que las jurisdicciones provinciales poseen facultades no delegadas para legislar y ordenar el tránsito en sus territorios.
El pronunciamiento que emitirá el magistrado Blejman reviste un alcance institucional que excede los límites del expediente, ya que la aplicación de la prioridad de paso en las avenidas sanjuaninas sostiene un histórico debate con criterios encontrados en la Justicia civil a lo largo de dos décadas. El inminente fallo fijará la postura procesal del fuero penal sobre si mantiene vigente el criterio aplicado por la jueza de garantías o si declara inaplicable la norma provincial para este caso.
