El Gobierno reglamentó un capítulo esencial de la reforma laboral: fomentar la formalización

Escuchá esta nota con Renee Narración automática · 3 min

A través del Decreto 315/2026, la administración de Javier Milei puso en funciones el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL).

Tras el aval de la Justicia, el Gobierno nacional oficializó este lunes la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una herramienta que busca reducir la presión fiscal sobre las empresas para estimular la creación de puestos de trabajo y disminuir los índices de informalidad en el país.

La puesta en marcha de este capítulo de la reforma ocurre luego de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo levantara la medida cautelar que mantenía suspendida la aplicación de varios artículos de la Ley de Modernización Laboral.

Alcance y beneficios del RIFL

El régimen está diseñado para alcanzar a cuatro grupos específicos de trabajadores:

1. Personas que carecían de un empleo formal al 10 de diciembre de 2025.
2. Ciudadanos que hayan permanecido en situación de desempleo durante el semestre previo a su contratación.
3. Exmonotributistas que no hayan trabajado bajo relación de dependencia en el último año.
4. Beneficiarios de planes sociales que se incorporen al mercado laboral formal.

Según la normativa, el beneficio consiste en una reducción de las contribuciones patronales para las nuevas contrataciones que se realicen y registren ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.

Esquema de descuentos

El esquema de alivio fiscal es progresivo y se extiende por un plazo total de 48 meses (4 años):

• Primeros 12 meses: 100% de reducción en las contribuciones patronales.
• Meses 13 al 24: 75% de reducción.
• Meses 25 al 36: 50% de reducción.
• Meses 37 al 48: 25% de reducción.

Objetivos de la medida

Desde el Ejecutivo señalaron que esta reglamentación es un «paso fundamental» para transformar planes sociales en empleo genuino y dar previsibilidad a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que son las principales generadoras de empleo en el país.

La ARCA será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de los requisitos para evitar abusos en el sistema, asegurando que las empresas no sustituyan personal actual por nuevos trabajadores solo para acceder al beneficio tributario.