La comisión de Presupuesto y Hacienda retoma este martes las reuniones informativas con funcionarios clave de Economía y la Procuración del Tesoro. Buscan destrabar el acuerdo por USD 171 millones con Bainbridge y Attestor antes de que venza la prórroga judicial del 31 de mayo. El jueves pasado, el texto se cayó del recinto por modificaciones técnicas de último momento.
El reloj corre para la estrategia financiera del Gobierno nacional en los tribunales de Estados Unidos. Luego del inesperado traspié político de la semana pasada, la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado volverá a poner sobre la mesa los expedientes que buscan convalidar por ley el acuerdo de pago a los dos fondos buitre remanentes del default del año 2001: Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP.
La cita parlamentaria está pactada para este martes a las 16:00 horas en el Salón Illia de la Cámara alta. Con el fin de defender los cambios que dinamitaron la sesión anterior y convencer a los bloques dialoguistas, el oficialismo enviará una comitiva de peso técnico e institucional: expondrán el Procurador del Tesoro Nacional, Sebastián Amerio; el Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton; y el Subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija.
El motivo del cortocircuito en el recinto
El plan original del oficialismo era sancionar la ley el pasado jueves en el recinto, en una jornada en la que la administración de Javier Milei logró con éxito la aprobación del pliego judicial para mantener a Carlos Mahiques al frente de la Cámara Federal de Casación Penal.
Sin embargo, el tratamiento de la deuda naufragó a último minuto. El Poder Ejecutivo incorporó una serie de adendas técnicas al texto original que modificaron decenas de artículos sin previo aviso a las comisiones. Esta maniobra desató la furia y las quejas de los bloques de la oposición, lo que terminó por vaciar el consenso político, abortar la votación sobre tablas y obligar el retorno de los expedientes a la fase de comisiones para su revisión.
Las claves económicas y el riesgo de embargos
El dictamen que busca destrabar el oficialismo convalida los términos acordados ante la Justicia de Nueva York, los cuales contemplan una quita de capital cercana al 30% sobre los reclamos originales de los holdouts. El esquema de desembolsos quedó fijado de la siguiente manera:
- Bainbridge Ltd.: Recibirá un pago de USD 67 millones.
- Attestor Value Master Fund LP: Percibirá la suma de USD 104 millones.
El costo de que el proyecto no se apruebe en el Congreso excede la órbita legislativa. De caerse el acuerdo, la Justicia norteamericana reactivará de forma inmediata las órdenes de ejecución de embargos que pesan contra activos soberanos de la República Argentina en el exterior. Entre las propiedades estatales que corren riesgo directo se encuentran las acciones internacionales del Banco Nación y los bienes logísticos de Aerolíneas Argentinas.
El Palacio de Hacienda ya quemó su primer margen de tiempo, puesto que el deadline original dispuesto por Nueva York vencía el pasado 30 de abril. Si bien los abogados de la Argentina lograron raspar una prórroga extraordinaria de los plazos, la fecha límite quedó fijada de forma impostergable para este 31 de mayo. Con apenas dos semanas por delante, La Libertad Avanza está obligada a firmar dictamen de forma exprés esta misma tarde y asegurar una mayoría en el recinto antes de que expire el mes.
