La Casa Rosada ordenó frenar los pliegos de los magistrados Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, quienes estaban postulados para ocupar vacantes cruciales en la Cámara Nacional de Apelaciones. La decisión política se tomó luego de que ambos quedaran bajo la lupa oficialista por antecedentes de fallos e intervenciones que favorecieron al presidente de la entidad del fútbol, Claudio «Chiqui» Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino. El Ejecutivo nacional mantendrá el bloqueo legislativo hasta que ese tribunal defina la apelación de la cúpula de la AFA en una sensible causa penal por apropiación indebida de aportes y asociación ilícita.
La batalla multidimensional que el Gobierno nacional mantiene contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo y ruidoso capítulo, esta vez con impacto directo en los despachos del Senado de la Nación y en los pasillos de los tribunales de Comodoro Py. La Casa Rosada tomó la determinación política de congelar por tiempo indeterminado el avance legislativo de los pliegos de los jueces Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway. Ambos magistrados se encontraban en la recta final para ser promovidos como camaristas dentro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, un fuero estratégico donde hoy se tramitan las causas más sensibles por presuntos delitos financieros y tributarios del fútbol local.
Según confirmaron fuentes de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Justicia, la administración libertaria resolvió no retirar formalmente las postulaciones del Congreso, sino administrar los tiempos políticos y parlamentarios. El objetivo explícito de la Casa Rosada es mantener los nombramientos en el «freezer» de la Comisión de Acuerdos hasta tanto la actual conformación de la Cámara Penal Económica se pronuncie y resuelva de manera definitiva la apelación presentada por Tapia y Toviggino, quienes se encuentran procesados por los delitos de apropiación indebida de tributos, recursos de la seguridad social y presunta asociación ilícita fiscal.
El estado de la Cámara y las causas bajo revisión
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico atraviesa una situación de debilidad estructural inédita, operando actualmente con una integración mínima. Las Salas A y B del tribunal están conformadas únicamente por el juez Roberto Hornos y la jueza Carolina Robiglio, respectivamente, permaneciendo vacantes el resto de las vocalías. Es precisamente este tribunal el que tiene en sus manos la responsabilidad institucional de convalidar o revocar el procesamiento que pesa sobre la cúpula de la AFA, motivo por el cual el Poder Ejecutivo se niega a introducir nuevos actores en el cuerpo antes de que se dicte sentencia.
Los antecedentes de los dos magistrados propuestos encendieron las alarmas del ala política del Gobierno en medio de las auditorías al fútbol:
- El caso de Galván Greenway: Su situación quedó severamente expuesta ante el filters de las terminales oficiales debido a una intervención judicial previa, en la cual dictó una resolución considerada sumamente favorable para los intereses de «Chiqui» Tapia en un expediente que investigaba presuntas irregularidades en el manejo institucional y administrativo de la AFA. Este fallo generó ruidos internos inmediatos y objeciones de peso en los bloques parlamentarios del oficialismo.
- Las objeciones a Catania: En el caso de este postulante, las observaciones se centran en un minucioso análisis de sus antecedentes de actuación en la justicia penal económica y en la revisión de ciertos vínculos políticos históricos que volvieron a ser examinados con lupa a la luz del avance de las nuevas denuncias financieras contra la estructura de la calle Viamonte.
Los expedientes retenidos y la ofensiva de ARCA
A nivel estrictamente legislativo, el paquete de pliegos judiciales —que es impulsado formalmente por la cartera de Justicia a cargo del ministro Juan Bautista Mahiques— ya había superado una instancia clave. Se trata del Expediente PE. 35/26 (mensaje N° 46/26), que solicita el acuerdo constitucional para designar a Catania como vocal de la Sala B de la mencionada Cámara, y del Expediente PE. 37/26 (mensaje N° 48/26), que propone a Galván Greenway para la vocalía de la Sala A, ambos unificados bajo el mensaje presidencial N° 99/26. Ambos candidatos defendieron sus postulaciones en la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado el pasado 6 de mayo; sin embargo, las autoridades del cuerpo confirmaron que no hay ninguna fecha prevista para que las carpetas bajen al recinto para su votación.
Este congelamiento de los pliegos coincide de manera simétrica con un endurecimiento generalizado de la estrategia judicial y administrativa del Estado nacional contra el esquema del fútbol argentino. En las últimas semanas, el Gobierno avanzó con el desembarco de veedores institucionales tanto en la propia AFA como en la Superliga, al mismo tiempo que apoya activamente las denuncias impulsadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El epicentro del peligro judicial para Tapia y Toviggino radica actualmente en el juzgado penal económico número 2, subrogado por el juez Diego Amarante. En ese despacho avanza la causa penal por la presunta retención indebida de aportes previsionales y cargas impositivas, un expediente que sumó máxima gravedad institucional tras una reciente ampliación de denuncia por parte de las autoridades de ARCA, quienes incorporaron al expediente la sospecha del funcionamiento de una presunta asociación ilícita fiscal respaldada mediante el uso de facturación apócrifa para desviar fondos millonarios.
