Organizaciones de Derechos Humanos denuncian una sistemática ola de expropiaciones ilegales y saqueos perpetrados por policías y militares. Los efectivos toman por la fuerza las viviendas de opositores detenidos o exiliados sin que exista ninguna orden judicial previa. El escándalo estalló tras conocerse el caso de un ciudadano de 73 años que, al recibir el arresto domiciliario, descubrió que un policía le había usurpado el departamento, obligándolo a dormir en el piso del pasillo de su edificio.
La persecución política en Venezuela cruzó una nueva y peligrosa frontera, consolidando un mecanismo de asfixia que destruye por completo la vida de los disidentes. Ya no alcanza con la privación ilegítima de la libertad; ahora, el régimen de Nicolás Maduro avanza de forma sistemática sobre el patrimonio privado de los detenidos y exiliados. Efectivos de las fuerzas policiales y militares ejecutan tomas ilegales de viviendas, quintas de veraneo y vehículos particulares, dejando a los afectados en la total indigencia y desprotección jurídica.
El drama humano detrás de esta matriz de abusos quedó expuesto de forma brutal con la situación de José Breijo, un ciudadano uruguayo-venezolano de 73 años. Tras pasar dos años confinado en un calabozo, la Justicia le otorgó el beneficio de arresto domiciliario (casa por cárcel). Sin embargo, al llegar a su hogar de toda la vida, se topó con una realidad aberrante: un efectivo de la policía local había invadido y tomado posesión de su apartamento. Breijo se quedó, en un abrir y cerrar de ojos, sin libertad y sin techo.
Indignación popular y la restitución a medias en la madrugada
La denuncia del caso, visibilizada en las plataformas digitales por el periodista y ex-preso político Carlos Julio Rojas, despertó una ola de repudio generalizado en la opinión pública. La presión social obligó a que funcionarios vinculados directamente a la Presidencia de la República tuvieran que intervenir de urgencia durante la madrugada de este miércoles 27 de mayo para restituirle el inmueble a Breijo, quien hasta ese momento se encontraba durmiendo sobre un colchón en las áreas comunes y pasillos del edificio.
A pesar de haber recuperado las paredes de su hogar, el avasallamiento no terminó ahí. El periodista Rojas fue tajante al exigir el cese de la impunidad: «Ahora exigimos la devolución de todas las pertenencias de este preso político, las cuales fueron sustraídas de la vivienda, y una investigación por parte del Ministerio Público contra este policía corrupto».
Este modus operandi ratifica las constantes advertencias de las organizaciones civiles defensoras de los Derechos Humanos, las cuales documentan cómo el aparato estatal despoja de sus bienes a los perseguidos mediante la fuerza bruta y prescindiendo de cualquier tipo de resolución judicial o debido proceso.
Desvalijamiento de autos y bodas en propiedades confiscadas
Las víctimas de este ensañamiento económico pertenecen a diferentes sectores del arco opositor. El pasado 19 de mayo, el exdiputado Williams Dávila —quien permaneció cerca de un año y medio en prisión— expuso en sus canales oficiales el estado deplorable en el que la tiranía le reintegró su vehículo particular.
“Cuando a mí me capturaron en agosto de 2024, este vehículo estaba en plenas condiciones. Hoy me lo entregan en una grúa, totalmente desvalijado”, fustigó Dávila.
El dirigente político acudió formalmente al Palacio de Justicia para exigir una indemnización económica por los daños causados, denunciando que estas maniobras forman parte del esquema de violaciones a los Derechos Humanos y recordando que la destrucción y el saqueo de enseres personales son una constante en cada allanamiento de morada.
El nivel de impunidad es de tal magnitud que los altos mandos militares utilizan los bienes robados para el disfrute personal. En julio de 2023, el entonces jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Iván Hernández Dala, celebró su fiesta de casamiento en una exclusiva casa de playa ubicada en Caraballeda. Dicha propiedad pertenecía a la familia de Andrés Izarra, exministro de Hugo Chávez que rompió lazos con el ala madurista y debió huir al exilio.
El propio Izarra confirmó el despojo en declaraciones de prensa: «El madurismo arremetió contra nosotros. Nos quitaron todas las propiedades. Nos quitaron la casa que heredó Isabel de su abuelo y la tiene una mujer vinculada a un comandante del DGCIM, y desde allí publica fotos en sus redes sociales».
Saqueos sin orden de allanamiento: el robo llega hasta los juguetes
Informes de investigación periodística elaborados por portales como ArmandoInfo detallan que las comitivas represivas operan bajo un patrón idéntico en las distintas regiones del país. Comisiones integradas por la DGCIM, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) o la Policía Nacional Contra La Corrupción (PNCC) irrumpen en las propiedades que quedan temporalmente deshabitadas cuando sus dueños huyen al exilio para salvar sus vidas.
Los testimonios de los vecinos de las víctimas son coincidentes: los uniformados ingresan a los inmuebles sin exhibir órdenes de allanamiento, requisan cada habitación y cargan camiones enteros con todo lo que encuentran a su paso. Los reportes vecinales constatan el robo de electrodomésticos, computadoras, automóviles y la mudanza ilegal de cajas y bolsas repletas de ropa y juguetes pertenecientes a los hijos de los perseguidos.
El marco legal de la «extinción de dominio» para legalizar el despojo
Este accionar delictivo por parte de las fuerzas de seguridad cuenta con el aval y el impulso discursivo de las principales espadas políticas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La diputada oficialista Iris Varela sentó la postura del partido gobernante al manifestar de forma pública: «No puedo aceptar que la señora María Corina Machado tenga aquí vivienda y bienes a su disposición o su titularidad, ni empresas».
Para darle un tinte de legalidad a este esquema de confiscaciones arbitrarias, la Asamblea Nacional de mayoría chavista sancionó la denominada Ley Orgánica Simón Bolívar. Este nuevo instrumento jurídico introduce formalmente la figura de la «extinción de dominio», una herramienta diseñada específicamente para sancionar y confiscar de manera definitiva el patrimonio de todos aquellos ciudadanos a quienes la estructura del Estado catalogue discrecionalmente bajo la etiqueta de «traidores a la patria».
