Un informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló un consenso negativo transversal sobre el Poder Judicial argentino. El estudio, realizado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), arroja que la percepción de ineficiencia y favoritismo hacia sectores poderosos atraviesa las divisiones ideológicas y políticas de la sociedad.
El debate en torno a la legitimidad y el desempeño de la administración de justicia sumó datos estadísticos de alto impacto institucional. De acuerdo con el relevamiento de opinión pública enfocado en corrupción y el funcionamiento del Poder Judicial, la ciudadanía manifiesta una mirada fuertemente crítica y consistente que escapa por completo a la lógica de la grieta socio-política.
El diagnóstico general de la investigación plantea que existe una «desconfianza estructural hacia el sistema judicial y, por extensión, hacia el conjunto de las instituciones políticas que articulan la vida democrática». Las autoridades del observatorio resaltaron que el rasgo más distintivo de los datos no radica únicamente en los niveles máximos de rechazo, sino en su transversalidad, afectando de igual manera a los distintos rangos de edad, género, niveles educativos e identidades ideológicas.
Los principales indicadores del informe
Los datos estadísticos obtenidos exponen porcentajes críticos respecto de la mirada social sobre los magistrados y los procesos judiciales en el país:
- Influencia del poder: El 94,6% de los encuestados percibe de forma directa que los jueces actúan bajo el condicionamiento o la influencia del poder político o económico.
- Falta de eficiencia: Un 94,1% califica el desempeño y la administración de la Justicia como poco o nada eficiente.
- Favoritismo sectorial: El 88,3% de los ciudadanos consultados sostiene que el sistema judicial favorece de manera sistemática a los ricos y poderosos.
- Evolución institucional: El 73,8% evalúa que la Justicia empeoró durante los últimos años, mientras que el 55,8% mantiene una perspectiva pesimista, proyectando que la situación empeorará en los años venideros.
- Impacto de la corrupción: El 93,6% de los participantes de la muestra afirmó que la corrupción afecta mucho o bastante el normal desarrollo de su vida cotidiana.
Confianza institucional y el reclamo de mérito académico
El estudio social evaluó el índice de confianza institucional aplicando una escala del 1 al 10. Al discriminar las respuestas de acuerdo con el comportamiento electoral de los entrevistados, se evidenció que la desaprobación es compartida por los distintos signos políticos: los votantes del presidente Javier Milei otorgaron un 2,6 de confianza, en tanto que los electores de Sergio Massa fijaron su valoración en un 2,4. El promedio general de la muestra total consolidó un puntaje de apenas 2,5.
Como contrapartida al escenario actual, el informe detectó una marcada expectativa de reforma en los mecanismos de designación de las autoridades judiciales. El 77% de la población civil consultada se mostró de acuerdo con modificar los criterios de selección, exigiendo que se le otorgue una prioridad absoluta a los méritos académicos de los postulantes por sobre las tradicionales negociaciones de carácter político.
Detalles técnicos del relevamiento
El muestreo del OPSA se llevó a cabo durante el mes de mayo del corriente año, recolectando y procesando un total de 1.217 casos efectivos en el ámbito geográfico del AMBA. Para la construcción del mapa de percepciones, el equipo de investigación estructuró el cuestionario bajo seis ejes temáticos específicos:
- Eficiencia e imparcialidad.
- Evolución y prospectiva.
- Corrupción e impunidad.
- Confianza institucional.
- Casos de actualidad.
- Expectativas de cambio.
