En una sesión maratónica que se resolvió pasadas las 5 de la mañana tras una noche de extrema tensión, el Senado de Estados Unidos dio luz verde a un proyecto de ley de 70.000 millones de dólares para financiar las agencias de control migratorio. Con una votación de 52 votos a favor y 47 en contra, el oficialismo logró asegurar el presupuesto por tres años hasta el final del mandato de Donald Trump para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, dos áreas que arrastraban meses de parálisis financiera.
El debate más feroz no provino de la oposición demócrata, sino de una fuerte interna en el propio Partido Republicano. El foco del conflicto fue un polémico fondo de acuerdos de 1.776 millones de dólares que la administración de Trump reservó para compensar a aliados políticos que alegan haber sido perseguidos, una cifra vinculada a una demanda del mandatario contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos. Senadores de su mismo espacio intentaron durante horas bloquear este beneficio; incluso el republicano Bill Cassidy propuso desviar ese dinero a los policías heridos en el asalto al Capitolio, pero las enmiendas fueron rechazadas en votaciones de margen mínimo. La confusión aumentó cuando el propio Trump declaró ante la prensa que no sabía si el acuerdo estaba cancelado o en suspenso, reavivando la presión en los pasillos del Congreso.
Para entender el trasfondo de esta crisis, hay que remontarse a principios de año, cuando agentes federales mataron a los manifestantes Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis. Este trágico hecho desató un durísimo bloqueo demócrata que exigía reformas estructurales en las agencias, dejando a ICE y a la Patrulla Fronteriza sin presupuesto ordinario desde febrero, ya que quedaron excluidas del salvataje financiero que el resto del Departamento de Seguridad Nacional recibió en abril. Finalmente, mediante una maniobra procedimental para sortear el filibuster, los republicanos lograron imponer su mayoría sin votos demócratas, lo que llevó al líder opositor Chuck Schumer a disparar con dureza, acusando que la ley deja a los contribuyentes sin herramientas de control y firmando lo que consideró un «cheque en blanco» para el entorno del presidente.
