el ejecutivo provincial envió a la legislatura el texto definitivo de la norma que regulará el impacto económico de la segunda ola de inversiones. con metas del 80% en empleo y 60% en compras a firmas locales, el proyecto unifica las propuestas del oficialismo y el bloquismo tras meses de intensas negociaciones con cámaras y proveedores.
tras meses de minuciosas mesas técnicas, debates políticos y rondas de consulta con todo el arco productivo de la provincia, el gobernador marcelo orrego envió formalmente a la cámara de diputados el proyecto de ley de desarrollo local minero. la iniciativa ingresa a la legislatura con un blindaje político inédito, producto de la unificación entre el borrador del oficialismo y la propuesta presentada originalmente por el interbloque bloquista, garantizando un consenso mayoritario para su inminente sanción.
en un escenario global de altísima expectativa por la activación de los grandes proyectos de cobre y los beneficios del régimen de incentivo para grandes inversiones (rigi), san juan busca fijar sus propias reglas de juego. el objetivo central de la norma es contundente: medir, ordenar y asegurar que la riqueza minera deje un arraigo real y una huella duradera en el tejido social y económico de cada familia sanjuanina, terminando con las históricas «oficinas de paso» y potenciando la cadena de valor local.
a continuación, diario colón te presenta de forma exclusiva los 10 puntos clave de la ley que rediseñará el futuro productivo de la provincia:
- sanciones fuertes para incumplimientos injustificados para aquellas operadoras o grandes subcontratistas que muestren desinterés o desvíos injustificados en sus metas de compre y empleo local, el texto prevé un severo esquema de penalizaciones. las multas económicas podrán ascender hasta las 60.000 unidades tributarias, transformando la norma en una herramienta con poder de policía real para defender el trabajo de los sanjuaninos.
- 2.planes obligatorios de empleo y proveedores las empresas mineras operantes y sus grandes contratistas tendrán la obligación de presentar, con carácter de declaración jurada, un plan de desarrollo de empleo local y un plan de desarrollo de proveedores locales. estos documentos deberán contener objetivos anuales, progresivos y medibles, acompañados por un análisis de brechas entre la demanda del yacimiento y la oferta disponible en el mercado. su actualización será obligatoria cada dos años.
- meta del 80% de mano de obra sanjuanina la ley establece como objetivo primordial que el 80% del personal total afectado a cada operación minera cuente con residencia efectiva en la provincia de san juan. el control de este indicador será estricto y obligará a las operadoras a reportar periódicamente la evolución de sus planillas de recursos humanos.
- prioridad absoluta para las «comunidades de influencia» el proyecto introduce una división territorial estratégica por anillos de prioridad. tanto en la contratación de personal como de proveedores, el primer anillo de beneficio corresponderá a la comunidad de influencia directa (el departamento donde se ubica físicamente el yacimiento, como iglesia, jáchal, calingasta o sarmiento), seguido por la comunidad de influencia indirecta, el resto de san juan y, finalmente, el resto del país.
- objetivo del 60% de compras locales la normativa fija que el 60% del monto total anual de adquisiciones de bienes, obras y servicios por parte de las mineras debe ejecutarse con empresas de la provincia. esta meta se aplicará sobre aquellos rubros que se encuentren disponibles en condiciones competitivas de mercado en materia de precio, calidad y volumen de entrega.
- creación del re.pro.min. (arraigo real vs. oficinas de paso) para transparentar el ecosistema empresarial, se crea el registro de proveedores mineros de san juan (re.pro.min.), una plataforma pública, digital y de consulta obligatoria para las mineras. para inscribirse, no bastará con fijar domicilio legal: se exigirá arraigo real, lo que incluye poseer un establecimiento operativo habilitado en san juan, tributar tasas provinciales y municipales, que al menos el 51% del capital social pertenezca a residentes sanjuaninos y que el 80% de su propia planta de empleados sea local.
- clasificación estricta y nuevos plazos de residencia el texto definitivo endureció los requisitos temporales para evitar especulaciones de firmas foráneas. para ser considerada empresa de la «comunidad de influencia», se exigirán 24 meses de residencia comprobable en el departamento (frente al año que se barajaba originalmente). para los proveedores del resto de la provincia, el plazo mínimo de instalación operativa previa será de 12 meses. asimismo, se dividirá a los prestadores por categorías claras: provisión de bienes y servicios, industria manufacturera y construcción.
- incentivo histórico: el certificado de crédito fiscal aquellas empresas mineras que alcancen de manera simultánea el 80% de empleo local y el 60% de compras sanjuaninas recibirán un potente incentivo económico: un certificado de crédito fiscal transferible. las operadoras podrán ceder este beneficio a sus propios proveedores locales para que estos cancelen impuestos provinciales, aceitando el circuito financiero de la industria regional.
- régimen de justificación y análisis de brechas a diferencia de legislaciones rígidas de otras épocas, la ley no impone cupos automáticos que atenten contra la libre competencia. si una minera no logra alcanzar las metas del 80% o 60%, no será sancionada inmediatamente si demuestra razones objetivas. para ello, el estado evaluará si existieron desvíos justificados por falta de oferta local competitiva o escala, y si la minera implementó acciones concretas para intentar capacitar mano de obra o desarrollar proveedores.
- control coordinado: unidad técnica interministerial el cumplimiento de la ley no quedará únicamente bajo la órbita de la cartera minera. el control, la auditoría de los planes presentados y la gestión del re.pro.min. estarán a cargo de una nueva unidad técnica interministerial, articulando el trabajo conjunto del ministerio de minería con las áreas de producción, trabajo, educación y ambiente de la provincia.
