El Gobierno de San Juan avanza en la definición de la Ley de Desarrollo Local Minero, un marco legal largamente esperado que busca ordenar la relación entre las operadoras mineras y los proveedores provinciales. Sin embargo, el enfoque ha generado un intenso debate: a diferencia de lo que algunos sectores esperaban, la normativa no establecerá un cupo obligatorio de contratación, sino que se centrará en el desarrollo integral y la competitividad.
¿Por qué no habrá un «cupo» obligatorio?
El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, ha sido enfático al señalar que la ley busca ser una herramienta de fomento y no de restricción. El argumento principal es que imponer un porcentaje fijo de proveedores locales (un «cupo») puede ser contraproducente para la competitividad y la seguridad jurídica que exigen las grandes inversiones mineras.
- Objetivos sobre cupos: La ley se define como una normativa de «objetivos». El Gobierno considera que «cerrar la provincia» o eliminar la competencia externa no es el camino para fortalecer a la industria local.
- Seguridad Jurídica: En el contexto de proyectos de gran escala (como Josemaría o el joint venture en Vicuña), el Gobierno busca ofrecer reglas claras y previsibilidad regulatoria para atraer capitales internacionales.
¿Qué pasará con los proveedores sanjuaninos?
Si bien no habrá una obligación numérica (un % rígido), la ley contempla mecanismos para que las empresas locales tengan prioridad y apoyo para crecer:
- Mecanismos de Ponderación: En las licitaciones, se prevé que las operadoras utilicen criterios de valoración que favorezcan a los proveedores de la provincia. Por ejemplo, en el proyecto presentado por el bloque Bloquista (que también alimenta el debate), se propone que si un proveedor local ofrece un precio de hasta un 15% por encima de uno no local, tenga prioridad de contratación si la calidad es equivalente.
- Jerarquía de Localía: Se establecerá una prioridad escalonada: primero el proveedor de la comunidad de influencia directa del proyecto, luego el del resto de San Juan, y finalmente los nacionales o extranjeros.
- Valor Agregado: Se dará mayor puntaje a los proveedores que demuestren un real agregado de valor local (industriales) por sobre aquellos que son meramente comerciales o intermediarios.
- Registro Único (REPROMIN): Se creará un nuevo registro de proveedores (migrando desde el actual RUPEM) para dar transparencia y visibilidad a la oferta local ante las mineras.
El desafío de la competitividad
El mensaje para los proveedores locales es claro: la ley les dará la oportunidad, pero ellos deberán garantizar la eficiencia. El ministro recordó que en proyectos actuales como Hualilán, el 100% de los proveedores ya son sanjuaninos debido a su capacidad técnica, lo que demuestra que el sector local tiene el «expertise» necesario para competir sin necesidad de leyes proteccionistas rígidas.
Próximos pasos
El proyecto oficial del Ejecutivo se presentará ante la Cámara de Diputados en el inicio de las sesiones de este año. Se espera que la discusión legislativa sea intensa, especialmente para armonizar la visión del Gobierno con la de los bloques opositores y las cámaras de proveedores, quienes buscan asegurar que el «fomento» se traduzca en contratos reales y sostenibles para las empresas de la provincia.
