El vocero presidencial, Adrián Ravier, presentó un balance de la gestión económica y administrativa del Gobierno nacional, destacando la variación del 1,7% registrada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el mes de agosto. El funcionario adjudicó esta desaceleración al orden macroeconómico y al cese de la emisión monetaria para financiar el déficit, al tiempo que subrayó el avance de más de 17.100 desregulaciones aplicadas sobre sectores estratégicos de la producción y el comercio.
Ravier contrapuso la estrategia oficial frente a las políticas de administraciones anteriores, señalando que «durante años insistieron en que la inflación tenía que ver con la puja distributiva o con los formadores de precios mientras emitían para financiar el déficit y le licuaban el salario a la gente de a pie; hoy estamos demostrando que la solución no eran los controles de precios, sino ordenar la macroeconomía y dejar de emitir». En ese marco, puntualizó que los rubros de indumentaria y calzado acumularon una contracción del 45% en términos reales desde noviembre de 2023 gracias a la apertura comercial.
En materia de reforma estatal, el portavoz precisó que la reestructuración de la Administración Pública Nacional implicó la reducción de más de 76.000 puestos de trabajo (un 15% de la planta estatal), lo que significó un ahorro fiscal estimado en 2.957 millones de dólares en el último año. Asimismo, respaldó la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre las tasas municipales, remarcando que el fallo pone un límite concreto para evitar que las intendencias cobren tributos sin contraprestación efectiva de servicios.
Respecto a la infraestructura logística, Ravier ponderó el traspaso a la órbita privada de la operación de la vía navegable troncal, medida que implicó una rebaja del 13,5% en la tarifa de peaje y el inicio de estudios ambientales para dragar y profundizar los ríos Paraná y de la Plata con miras a optimizar las exportaciones. A su vez, detalló el nuevo esquema para AySA, que establece inversiones obligatorias por 2,89 billones de pesos para el período 2027-2031 a cargo del concesionario privado, reservando para el Estado el rol exclusivo de control y fiscalización. Por último, ratificó que la Casa Rosada ampliará las acciones judiciales contra compañías internacionales vinculadas a tareas no autorizadas de exploración petrolera en el área de las Islas Malvinas.
