El proyecto de Presupuesto 2027 elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso profundiza el esquema de contención del gasto público sobre áreas sensibles del conocimiento, consolidando un panorama de incertidumbre tanto para el sistema científico-tecnológico como para las casas de altos estudios del país. Según se desprende de las partidas proyectadas, los organismos de investigación y las universidades nacionales afrontarán un nuevo desafío financiero sujeto a una previsión inflacionaria oficial del 18% para el próximo año, en un marco donde todavía arrastran una pérdida del poder adquisitivo superior al 35% en los últimos años.
La situación resulta dispar pero crítica entre las distintas dependencias estatales. Organismos de desarrollo estratégico como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Agencia I+D+i recibirán incrementos atados a la pauta inflacionaria estipulada por el Ministerio de Economía, por lo que cualquier desvío en el índice de precios derivará en un deterioro directo de sus recursos operativos. Un escenario más severo enfrentarán entidades técnicas como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), para las cuales se presupuestaron reducciones nominales directas del 12,4% y 5,2% respectivamente, agudizando recortes reales acumulados que rondan entre el 43% y el 49% junto con la merma de personal calificado.
En el ámbito de la educación superior, la asignación de 7,34 billones de pesos ratifica la marcada distancia frente a los más de 11 billones exigidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. A la disputa numérica se sumó además una controversia institucional: el proyecto incorpora un artículo que condiciona las transferencias automáticas a que las universidades rindan y detallen el destino de sus partidas ante el Ministerio de Capital Humano, facultad que los rectores calificaron como un intento de vulnerar la autonomía universitaria consagrada en la Constitución y que anticipa una fuerte escalada de conflictividad gremial y académica.
