Al término de la audiencia de formalización, el fiscal de la causa brindó precisiones contundentes sobre los elementos periciales que contradicen la versión de Carlos Gonzalo Rivero y ratificó que el Ministerio Público Fiscal solicitará la pena de prisión perpetua. La imputación quedó encuadrada bajo la figura de homicidio doblemente agravado por el vínculo —al confirmarse mediante acta que habían contraído matrimonio el pasado 6 de julio en Calingasta— y por mediar violencia de género, marco por el cual el juez de Garantías concedió un año de prisión preventiva y 12 meses de plazo investigativo.
De acuerdo con el informe del Complejo Científico Forense, la víctima presentaba diez heridas en total: dos de ellas mortales, provocadas con armas blancas por ambos costados del cuello. La fiscalía desacreditó el relato del gendarme salteño, quien intentó sostener que la joven se había autolesionado, remarcando que las pericias médicas determinaron que las lesiones de Camila fueron recibidas en un ataque violento con cortes de defensa, mientras que las marcas halladas en Rivero resultaron cortes leves y autoinfligidos con el único propósito de montar un intento de suicidio o simular una escena exculpatoria.
La reconstrucción judicial ubica el crimen alrededor de la 1:30 del domingo, tras una discusión desatada al regresar al departamento. En ese contexto, Rivero convivió con el cuerpo cerca de doce horas, lapso en el que escribió una carta de puño y letra donde manifestaba el daño que causaría a ambas familias. Asimismo, la fiscalía cuenta con el registro de una comunicación telefónica mantenida cerca de las 11:30 con su expareja en Salta —a quien le dijo que era el amor de su vida y le anticipó que planeaba quitarse la vida—, cuyo teléfono ya fue aportado a la causa por un allegado y será incorporado formalmente junto a su testimonial. Por último, los análisis toxicológicos y de orina ratificaron de manera inicial que la joven cursaba un embarazo al momento del brutal ataque.
