Un nuevo y grave escándalo salpica a la Policía de San Juan tras la formalización judicial contra el agente Jorge Luis Correa (28), numerario de la Comisaría 9ª de Caucete, a quien acusan de haber prendido fuego el vehículo de su última expareja en Alto de Sierra, Santa Lucía. El efectivo ya se encontraba desarmado y cumpliendo exclusivamente tareas administrativas debido a una causa penal de 2024, donde fue imputado por propinarle una brutal golpiza a una novia anterior en un proceso que cerró mediante una suspensión de juicio a prueba (probation).
El reciente hecho que lo puso nuevamente bajo la lupa de los tribunales ocurrió durante la madrugada del domingo 13 de septiembre en el asentamiento Río San Juan. Según la denuncia de la víctima —quien el 14 de agosto había pedido protección oficial ante la Dirección de Género por reiterados hostigamientos—, se encontraba durmiendo junto a sus hijos cuando vecinos la alertaron de que su Renault 12 ardía en llamas junto a la vivienda. El foco ígneo, que alcanzó a dañar el techo del garaje y el frente del inmueble antes de ser sofocado con agua y tierra, fue calificado por los peritos de Bomberos como un ataque intencional. Vecinos de la zona declararon haber visto escapar a un sujeto vestido de negro en una moto enduro idéntica a la del uniformado, a lo que se suma una denuncia previa contra Correa por haberle cortado los cables de arranque al mismo rodado días antes.
En la audiencia de control de detención ante el juez de Garantías Federico Rodríguez, la fiscal Alejandra Bazán y la ayudante fiscal Beatriz Vaca (UFI CAVIG) expusieron como pruebas las pericias mecánicas, testimoniales vecinales y el secuestro de un bidón con tres litros de thinner en el domicilio del agente. Asistido por la abogada particular María Filomena Noriega, el imputado optó por abstenerse de declarar. La Justicia resolvió abrir la Investigación Penal Preparatoria por el plazo de 8 meses bajo la carátula de incendio y daño (estragos), y si bien recuperó la libertad ambulatoria, el magistrado ordenó colocarle una tobillera electrónica durante cuatro meses con prohibición absoluta de acercamiento a la denunciante.
