Un operativo de alta tensión y desborde humanitario tuvo lugar en la madrugada de este viernes en el enclave español de Ceuta, en el norte de África. Efectivos policiales iniciaron el desalojo de miles de personas que subsistían en condiciones extremadamente precarias sobre la arena de las playas locales para reubicarlas en un campamento de carpas improvisado en el puerto. El dispositivo, que comenzó a las 04:30, derivó de inmediato en escenas de descontrol cuando grandes grupos intentaron abalanzarse hacia las puertas de acceso para asegurarse una plaza, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a efectuar disparos disuasorios al aire y realizar maniobras de contención que dejaron varios heridos y heridos por golpes.
La infraestructura portuaria apenas dispone de 1.700 plazas con servicios de duchas, alimentos y camas, una capacidad que resulta insuficiente frente al volumen real de migrantes varados en la ciudad. El pico de la crisis se desató a fines de julio con el cruce masivo de decenas de miles de ciudadanos provenientes de Marruecos hacia este territorio de solo 80.000 habitantes. Aunque un sector retornó en las semanas posteriores, el colapso urbano y la permanencia de familias enteras a la intemperie forzaron a la administración central a habilitar el predio portuario, luego de que la Justicia rechazara una cautelar presentada por gremios policiales que intentaban frenar la medida.
Fuego cruzado entre Madrid y la administración local
El traslado profundizó la grieta política entre el gobierno central presidido por Pedro Sánchez y el ejecutivo autonómico de Ceuta, en manos del Partido Popular (PP). La autoridad portuaria local se había negado a transferir las instalaciones hasta que el Ejecutivo de Madrid intervino por decreto, desatando una fuerte condena de los bloques conservadores. Desde la oposición calificaron el operativo como un «caos absoluto» y el secretario general del PP, Miguel Tellado, exigió en redes sociales la dimisión de Sánchez junto con la «devolución inmediata» de los extranjeros a Marruecos.
La disparidad en las cifras oficiales refleja la falta de consenso institucional. Mientras la administración ceutí calcula que aún permanecen cerca de 13.000 personas en su territorio tras los ingresos masivos, desde la Casa Real y los ministerios nacionales aseguran que el número es sensiblemente inferior. En las calles, en tanto, se multiplican las protestas vecinales que reclaman restablecer el orden, en medio de complejos procedimientos legales que exigen identificar individualmente a cada solicitante de asilo y brindar tutela prioritaria a los miles de menores no acompañados que no pueden ser devueltos de manera directa.
