En un contexto de marcada tirantez diplomática con la Argentina, la administración británica de las Islas Malvinas dispuso la extensión por cinco años de las licencias de exploración y explotación petrolera offshore en aguas del archipiélago. La medida, respaldada directamente por el gobierno de Londres, contempla además una prórroga adicional automática de dos años sujeta al cumplimiento de los planes de inversión acordados con las compañías adjudicatarias.
La decisión busca blindar comercialmente a las firmas que operan en la cuenca norte de Malvinas, con foco principal en el megaproyecto Sea Lion, situado a unos 220 kilómetros de la costa y operado de manera conjunta por Navitas Petroleum (65%) y Rockhopper Exploration (35%), consorcio que prevé iniciar la extracción formal de crudo en marzo de 2028. Asimismo, las autoridades isleñas avalaron el traspaso a una subsidiaria de Navitas del 65% del bloque contiguo PL001 (anteriormente en manos de la canadiense JHI Associates) para acelerar la extracción en la zona. Cheryl Roberts, legisladora a cargo de Comercio, Industria y Recursos Minerales en las islas, defendió la medida argumentando que busca «dar certidumbre a los operadores sobre recursos que consideramos propios».
La jugada británica se produce mientras la Casa Rosada intensifica su ofensiva política y jurídica contra la explotación no autorizada de recursos naturales en la plataforma continental argentina. Días atrás, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a una cautelar presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el CECIM La Plata, ordenando a Navitas y Rockhopper paralizar cualquier obra destinada a activar Sea Lion. Desde Buenos Aires ratificaron que estas concesiones unilaterales violan abiertamente la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU —que prohíbe innovar en territorios con litigios soberanos pendientes—, mientras el Reino Unido insiste en desconocer la jurisdicción nacional en el Atlántico Sur.
