En una jornada que quedará grabada en los anales institucionales de Sudamérica, el Senado de la República del Paraguay resolvió por unanimidad —con 44 votos afirmativos sobre 45 bancas— destituir al presidente Santiago Peña tras hallarlo culpable de mal desempeño de sus funciones. El dirigente, de 47 años, se transformó así en el segundo mandatario constitucional removido por el Congreso desde el retorno de la democracia en 1989, replicando el antecedente de Fernando Lugo en junio de 2012. Pocos minutos después de oficializarse su apartamiento del cargo, la Fiscalía General ordenó su arresto inmediato por presunta lesión de confianza y desvío millonario de fondos públicos, medida que incluyó también la detención del expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.
La causa judicial hace foco en la catastrófica caída de Ueno Bank, entidad que concentraba 2,9 millones de clientes sobre una población de 6,1 millones de habitantes y que colapsó tras su intervención por el Banco Central, dejando a millones de usuarios sin acceso a sus ahorros y comprometiendo fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS). Los fiscales y legisladores acusadores denunciaron un perjuicio patrimonial estimado en 1.200 millones de dólares para el Estado, imputando a Peña de direccionar millonarios recursos fiscales hacia el banco mientras mantenía presuntos vínculos comerciales con la firma. Dado que el artículo 189 de la Carta Magna paraguaya priva de fueros de senador vitalicio a quienes resultan condenados en juicio político, el exjefe de Estado quedó expuesto a un procesamiento penal ordinario sin necesidad de desafuero parlamentario.
Tras ser recluido preventivamente en su domicilio particular en Asunción, la escalada de protestas y cacerolazos en las inmediaciones motivó su traslado de urgencia durante la madrugada hacia las instalaciones del Regimiento Escolta Presidencial, unidad militar donde aguardará su traslado para prestar declaración indagatoria este sábado a las 11:00. En paralelo, y mientras se ejecutaban las órdenes judiciales, el hasta entonces vicepresidente Pedro Alliana juró formalmente como nuevo presidente de la nación guaraní, asumiendo el mando con un mensaje de apelación a la serenidad institucional ante un país conmocionado.
