A las puertas de la reactivación a gran escala de la minería metalífera, una investigación de opinión pública realizada por la consultora Poliarquía reveló una marcada exigencia social sobre el impacto directo de la actividad en el territorio. De acuerdo con el relevamiento, el 75% de los sanjuaninos rechaza de manera tajante la incorporación de trabajadores provenientes de otras provincias o del exterior para cubrir vacantes en los yacimientos cupríferos. El indicador refleja un endurecimiento en la demanda de protección laboral local, registrando un incremento de once puntos porcentuales en comparación con la medición del año anterior, cuando el rechazo se ubicaba en el 64%.
El estudio confirma que el respaldo social hacia la industria continúa siendo claramente mayoritario en la provincia, aunque experimentó leves variaciones: un 63% de los encuestados se manifestó a favor de la producción de cobre, frente a un 13% en desacuerdo y un 24% de indecisos. Asimismo, el 80% de los consultados sostuvo que las ganancias y beneficios económicos generados por el metal rojo deben favorecer prioritariamente a San Juan, en tanto que solo un 18% consideró pertinente un esquema de distribución compartido con el resto del país. Este escenario convive con una inquietud cotidiana apremiante: el 45% de los ciudadanos admitió estar «muy o bastante preocupado» por la pérdida de su empleo o de su principal sustento familiar.
Ley de desarrollo local, metas y puja departamental
El debate se encuadra en la legislación provincial vigente orientada al desarrollo de proveedores y empleo, la cual fija pautas para alcanzar hasta un 80% de mano de obra local y destinar al menos el 60% de las contrataciones a firmas sanjuaninas. Sobre este punto, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, remarcó que dichas metas no implican una imposición automática: «¿Cómo te puedo exigir con una ley que compres lo más caro? El objetivo es que los proyectos contraten proveedores sanjuaninos porque pueden responder a sus necesidades y no únicamente por una obligación legal», puntualizó el funcionario provincial.
En paralelo, la pugna por la adjudicación de contratos no solo se dirime a escala provincial sino también intramuros. En San Juan operan al menos 15 cámaras y asociaciones sectoriales: seis de ellas representan a empresas del departamento Iglesia (CESI, CAPRESMI, CAISMI, CADEMI, Tierra Minera y AITURIC), dos a Calingasta (CAEMCA y CASEMICA) y una a Jáchal (CAPSEMIJA), sumadas a entidades provinciales y gremiales que reclaman prioridad para las comunidades situadas en la zona de influencia directa de los megaemprendimientos.
La controversia por la Ronda RIGI en Rosario
La discusión sumó un condimento de tensión política y territorial a nivel nacional tras el reciente anuncio del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien tras reunirse con las cúpulas de Glencore, Vicuña y Río Tinto confirmó la realización de la primera Ronda de Negocios RIGI el próximo 29 de octubre en la ciudad de Rosario. La iniciativa de la Casa Rosada apunta a abrir el juego a proveedores industriales y de servicios de todo el territorio nacional, una señal que encendió luces de alerta entre las cámaras empresariales y los trabajadores sanjuaninos que exigen preservar el compre y la contratación estrictamente provincial.
Fuente: Clarín
