En lo que representa la mayor y más audaz maniobra militar expedicionaria de su historia reciente, la República de El Salvador pasó de una modesta asistencia humanitaria a un despliegue operativo masivo de entre 2.000 y 2.500 efectivos en territorio de Haití. La orden directa del presidente Nayib Bukele responde al secuestro extorsivo de cuatro integrantes de las fuerzas armadas salvadoreñas a manos de bandas armadas en los alrededores de Puerto Príncipe, de quienes no se tienen novedades desde el pasado 18 de octubre.
El contingente salvadoreño —que inicialmente contaba con apenas 125 técnicos aeronáuticos para evacuaciones médicas en helicóptero— superó en número a la totalidad de las fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apostadas en la nación caribeña. El centro de las incursiones tácticas se localiza en Santo, al este de la capital haitiana, una zona neurálgica fuertemente cooptada por estructuras paramilitares y pandillas. Para avanzar sobre el terreno, las tropas de élite salvadoreñas operan con apoyo de vehículos blindados y helicópteros livianos de ataque MD-500 provistos de lanzacohetes de 70 milímetros y ametralladoras rotativas 7,62 mm.
La misión cuenta con el respaldo del gobierno haitiano y un complejo puente logístico aéreo apuntalado por aeronaves C-130 y asistencia técnica proveniente de Estados Unidos, Colombia y República Dominicana. No obstante, analistas internacionales en defensa remarcan los enormes desafíos tácticos y de supervivencia que implica abastecer a 2.500 uniformados en una zona sin ley y con elevado riesgo de bajas. El desenlace del operativo definirá no solo la suerte de los rehenes, sino el impacto geopolítico de si Bukele comienza a exportar directamente el combate armado contra el crimen organizado fuera de sus fronteras.
