El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, formalizó este fin de semana la declaración de estado de emergencia nacional ante el devastador avance del fenómeno climático de El Niño, bautizado por el propio mandatario como «Superniño» debido a su inusual agresividad. A través del Decreto Supremo 5759, la administración central activó mecanismos extraordinarios que permiten la rápida reasignación de partidas presupuestarias, el despliegue inmediato de brigadas operativas y de rescate en las zonas más críticas, y la solicitud formal de asistencia humanitaria y financiera a organismos de cooperación internacional.
La disposición gubernamental responde a un cuadro de extrema vulnerabilidad productiva y social que ya castiga a siete de los nueve departamentos del país: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. Según los últimos reportes del Viceministerio de Defensa Civil, la sequía prolongada afecta de manera directa a 78.217 familias campesinas e indígenas, causó la muerte de más de 75.000 cabezas de ganado por deshidratación y carencia de forraje, y mantiene a 63 comunidades rurales en una situación límite por el agotamiento total de sus fuentes de agua potable.
En un mensaje dirigido a la población, Paz subrayó un giro estratégico en la gestión pública del riesgo: «No vamos a esperar pasivamente a que el impacto se consolide para recién intervenir; el Estado pasa de una lógica de reacción tardía a una política activa de prevención y mitigación». Sin embargo, el mandatario fue tajante al advertir que los efectos del evento serán implacables durante todo el ciclo 2026-2027, combinando etapas de déficit hídrico extremo con episodios violentos de desbordes de ríos, heladas fuera de estación, granizadas demoledoras e incendios forestales a lo largo de la zona andina, los llanos y las regiones de valles.
El fenómeno de El Niño se origina por un calentamiento anómalo en las aguas superficiales del Océano Pacífico ecuatorial, alterando de raíz los regímenes globales de temperatura y precipitaciones. Esta misma semana, paneles técnicos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitieron una alerta global al indicar que la fase actual amenaza con superar las escalas máximas de monitoreo que rigen a nivel internacional desde hace cuatro décadas.
El impacto ya resuena con fuerza en toda Sudamérica. En Perú, olas de calor sin precedentes dispararon focos ígneos que dejaron 12 víctimas fatales y aceleraron la proliferación del dengue, con 81 muertes acumuladas en lo que va del año. En Chile, la ciudad de Santiago registró su octubre más lluvioso desde que existen mediciones meteorológicas oficiales. En tanto, Ecuador declaró la emergencia ambiental en las Islas Galápagos debido a un temporal torrencial que generó inundaciones urbanas, obligó a evacuar a decenas de pobladores y paralizó las operaciones del aeropuerto de Baltra.
