La jueza de Garantías Celia Maldonado de Álvarez formalizó la investigación penal preparatoria contra el efectivo policial Juan Ramón Saba Moll (34), acusado de homicidio culposo por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, tras protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 40 en el que falleció el motociclista Cristian Videla. Durante la audiencia, la magistrada dispuso además la inhabilitación provisoria para manejar y la retención preventiva de su licencia de conducir, haciendo foco en que el imputado circulaba de noche con maquinaria agrícola sobre una traza nacional, una maniobra expresamente prohibida por la normativa vial vigente.
El hecho investigado ocurrió el domingo alrededor de las 21:30 a la altura del kilómetro 106 de la Ruta 40, en el departamento Sarmiento. En ese sector, Saba Moll —quien se encuentra con licencia sin goce de haberes en la fuerza para desempeñarse en una finca familiar— circulaba de sur a norte al mando de un tractor Fiat 400 E. En el mismo sentido transitaba Videla a bordo de una motocicleta Honda CG 150 Titán, quien colisionó violentamente contra la parte posterior de la máquina y perdió la vida en el lugar.
Pruebas toxicológicas y la acusación de Delitos Especiales
En el marco de la audiencia de formalización, los representantes del Ministerio Público Fiscal, Duilio Ejarque junto al ayudante fiscal Facundo Romero y el fiscal Roberto Ginsberg de la UFI Delitos Especiales, expusieron las pericias preliminares. Un elemento determinante incorporado al expediente reveló que los análisis toxicológicos arrojaron resultado negativo para alcohol y estupefacientes en ambos conductores, por lo que el eje de la imputación se concentró en la infracción reglamentaria de transitar con un tractor en horario nocturno.
Frente a esto, la Fiscalía solicitó la imputación formal, la sujeción al proceso con prohibición de salir del país sin autorización judicial y la medida cautelar de retención preventiva del carnet de conducir.
Debate por la licencia y resolución judicial
Por su parte, los abogados defensores José Beltrán y Alejandro Berenstein consintieron las medidas de coerción generales y los plazos de la investigación, pero rechazaron la inhabilitación para conducir al catalogarla como un «adelanto de pena» injustificado para la etapa preparatoria, sosteniendo que se trató de un accidente.
Finalmente, la jueza Maldonado de Álvarez convalidó la totalidad de los requerimientos fiscales: dio por iniciada la investigación penal por homicidio culposo, fijó las pautas de conducta de rigor y ordenó el secuestro preventivo de la licencia de conducir del funcionario policial mientras avanza la instrucción de la causa.
