El acuerdo internacional se selló durante la cumbre del Consejo de Europa y establece que la nueva corte tendrá su sede en La Haya. El organismo buscará saldar el vacío legal de la Corte Penal Internacional y procesar a la cúpula del Kremlin por el crimen de agresión contra Ucrania.
En lo que ya se califica como un giro histórico para la diplomacia internacional y la justicia penal global, un bloque de 36 naciones formalizó el compromiso para fundar un tribunal especial destinado a juzgar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, y a sus colaboradores más cercanos. La iniciativa, motorizada de manera mayoritaria por administraciones europeas, apunta a penalizar la invasión a gran escala ejecutada sobre el territorio de Ucrania.
El convenio político de carácter vinculante se terminó de abrochar en el marco de la reunión anual de ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Europa. Este organismo de derechos humanos asumió el liderazgo del proyecto con el objetivo directo de cubrir el vacío jurisdiccional de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual posee severas limitaciones técnicas para avanzar sobre el denominado «crimen de agresión» en este conflicto en particular.
El fantasma de Núremberg sobre Moscú
La ceremonia contó con la participación del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, quien celebró el avance de la resolución en las plataformas digitales y catalogó la jornada como un verdadero “punto de no retorno” tras años de gestiones y parálisis jurídica.
“El Tribunal Especial se convierte en una realidad jurídica. Muy pocos creían que llegaría este día. Pero ha llegado”, reflexionó el canciller ucraniano. En sus declaraciones, el funcionario no dudó en trazar un paralelismo histórico con los procesos judiciales que sentaron los precedentes de la justicia internacional tras la Segunda Guerra Mundial: “Putin siempre ha querido pasar a la historia. Y este tribunal le ayudará a conseguirlo. Pasará a la historia como un criminal”, sentenció.
El mapa de los apoyos y los disidentes
La declaración que da luz verde a los cimientos de la futura corte de La Haya cuenta con un respaldo casi total del Viejo Continente. Entre las naciones firmantes se alistan potencias de peso global como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España, acompañadas por el bloque nórdico, los estados bálticos y naciones de Europa Central y del Este, tales como Polonia, la República Checa, Rumania y la propia Ucrania, entre otras.
No obstante, el frente occidental no logró mostrar una homogeneidad absoluta. Dentro de la propia Unión Europea se hicieron evidentes algunas grietas estratégicas: cuatro estados miembros —Bulgaria, Hungría, Malta y Eslovaquia— optaron por no estampar su firma en el documento oficial. En contrapartida, la propuesta logró romper los límites geográficos continentales al sumar las firmas de Australia y Costa Rica, los únicos dos países no europeos en adherir al nuevo tribunal.
