La situación social y política en Bolivia ha entrado en una fase crítica y de extrema tensión. Este miércoles se cumplen dos semanas de cortes de carretera ininterrumpidos en un conflicto que ya no se limita a su epicentro inicial, sino que se expande de manera alarmante. El país amaneció con 47 piquetes de bloqueo que ya afectan a seis de los nueve departamentos: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, profundizando el aislamiento geográfico y económico de las principales regiones.
El clamor de los manifestantes se ha radicalizado por completo, unificándose detrás de una exigencia drástica: la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz. Lo que comenzó como un conjunto de reclamos sectoriales por el incremento salarial, la alarmante falta de calidad en los combustibles y el rechazo a una polémica ley de tierras, se transformó en un escenario de abierta desestabilización que el Gobierno no logra contener, a pesar de los intentos de negociación a puertas cerradas.
Los niveles de violencia alcanzaron su punto máximo en las ciudades de La Paz y El Alto, las cuales se encuentran prácticamente cercadas y sufriendo una preocupante escasez de alimentos de la canasta básica. Las últimas jornadas registraron feroces enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, ataques directos a oficinas públicas, destrozos en una estación del teleférico, el uso de material explosivo y la quema de vehículos. Ante el peligro constante, el transporte público se encuentra paralizado y las escuelas debieron suspender las clases presenciales para volcarse a la modalidad virtual.
Desde el ámbito oficial, el vocero presidencial José Luis Gálvez denunció la existencia de un «plan macabro» financiado por el narcotráfico y con herramientas terroristas para romper el orden constitucional, apuntando directamente al expresidente Evo Morales como uno de los principales promotores de las protestas. Por su parte, Morales rechazó las acusaciones vía redes sociales, asegurando que no hay conspiraciones, sino un país cansado de las mentiras económicas que protege a los sectores concentrados mientras el pueblo sufre el desabastecimiento.
La gravedad de la crisis boliviana ha encendido las alarmas en toda la región y la comunidad internacional. En las últimas horas, un frente de ocho países latinoamericanos entre los que se encuentran Argentina, Chile, Paraguay y Perú emitió un comunicado conjunto de fuerte rechazo a cualquier intento de alterar la institucionalidad democrática. El impacto global es de tal magnitud que la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó a una sesión extraordinaria de urgencia para evaluar la preocupante situación política interna del país vecino, mientras la Policía boliviana intenta habilitar de manera desesperada un corredor humanitario para trasladar alimentos, combustible y medicinas a las zonas más afectadas por el asedio.
