El Ministerio de Minería de San Juan finalizó la redacción de la normativa que busca blindar la participación de las empresas y los trabajadores locales ante las inminentes inversiones cupríferas y de oro en la provincia. El proyecto, consensuado con los distintos bloques políticos y las cámaras empresarias, será remitido a la Cámara de Diputados antes de que concluya mayo de 2026. Entre sus puntos más destacados, la ley establecerá un piso del 60% para la contratación de proveedores sanjuaninos, exigirá un 80% de mano de obra local y creará un Registro Obligatorio con un fuerte esquema de sanciones ante incumplimientos.
La provincia de San Juan se prepara formalmente para el inicio de una nueva era de grandes proyectos metalíferos de cobre y oro. Con el objetivo de evitar que el entramado productivo local quede relegado frente al desembarco de grandes corporaciones nacionales o internacionales, el Poder Ejecutivo provincial culminó el diseño de la Ley de Desarrollo Local Minero.
El encargado de confirmar el cierre del texto definitivo fue el ministro de Minería, Juan Pablo Perea. El funcionario precisó que el documento ingresará al Palacio Legislativo «antes de fin de mes o, como máximo, a principios del próximo», consolidando un marco normativo que nació de la fusión y el debate técnico entre el anteproyecto original del oficialismo y los aportes legislativos del partido Bloquista.
Segmentación y prioridades: ¿Quién es considerado «proveedor local»?
Uno de los principales desafíos de la ley consistió en «medir, ordenar, equilibrar y definir» con precisión técnica la identidad de cada empresa que orbita la actividad. Para ello, el proyecto establece una escala de prioridades de contratación segmentada en tres anillos geográficos y tres ramas de actividad económica:
- Anillos de Prioridad Geográfica: Se jerarquizará en primer término a las empresas de la comunidad directa (el departamento donde se asienta el yacimiento), seguido por las firmas radicadas en el resto del territorio de San Juan, y finalmente las empresas provenientes de otras provincias.
- Categorías por Actividad: La reglamentación diferenciará los requisitos y capacidades exigidas dividiendo a los actores en proveedores de bienes y servicios, empresas del sector industrial y compañías vinculadas a la construcción pesada e infraestructura de montaña.
Los números del blindaje: 60% de empresas y 80% de empleo
El núcleo de la normativa fija metas porcentuales ambiciosas que las operadoras mineras deberán alcanzar de manera obligatoria, aunque bajo un esquema de progresividad sujeto a la etapa del yacimiento (exploración, construcción, explotación o cierre):
Metas de Compre Sanjuanino
[✓] Contratación de Proveedores: 60% de la facturación o volumen de contratos debe quedar en firmas locales.
[✓] Mano de Obra en Yacimiento: 80% del personal total contratado debe acreditar residencia en la provincia.
Mecanismo de Excepción: En el caso de que una operadora decida contratar a un proveedor de afuera de San Juan, estará obligada a realizar una presentación que justifique técnicamente su decisión ante la autoridad de aplicación. Deberá demostrar fehacientemente que dentro de la provincia no existe disponibilidad del insumo, capacidad técnica instalada, volumen suficiente o que los precios locales no resultan competitivos.
Registro obligatorio, Consejo Consultivo y Proyectos Voluntarios
Para garantizar que los porcentajes no queden en una mera declaración de intenciones, la ley implementará la creación de un Registro de Proveedores Mineros de consulta obligatoria previa a cualquier compulsa de precios o licitación privada de las mineras. Asimismo, un Consejo Consultivo integrado por el Ministerio de Minería y representantes de las cámaras sectoriales fiscalizará el cumplimiento, con la potestad de aplicar severas multas y sanciones a las empresas infractoras.
Finalmente, el proyecto regulará los denominados «proyectos voluntarios de desarrollo». Se trata de los fondos e inversiones de responsabilidad social que las multinacionales mineras ejecutan por fuera de las regalías y los fideicomisos de infraestructura obligatorios. A partir de la sanción de la ley, el Gobierno provincial coordinará de manera estratégica estos recursos para evitar la superposición de obras y direccionarlos con precisión matemática hacia las urgencias estructurales de las comunidades del entorno minero.
