La investigación por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum sumó un avance clave este jueves. Los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez encabezaron una inspección en el ramal de Marquesado. El próximo paso apunta a las firmas que proveyeron los materiales.
Un nuevo capítulo se abrió en la causa denominada «Acueductogate», que investiga posibles maniobras ilícitas en la licitación y ejecución del Acueducto Gran Tulum. Tras la denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia basada en investigaciones periodísticas, el Ministerio Público Fiscal activó una medida de campo fundamental: una inspección ocular en la zona de Marquesado, Rivadavia.
Los fiscales a cargo de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, recorrieron el ramal principal de la obra acompañados por especialistas técnicos e ingenieros. Durante el operativo se utilizaron drones para captar imágenes aéreas y se examinó de cerca el estado de las tuberías instaladas, las cuales están bajo sospecha por supuestas deficiencias técnicas y sobreprecios.
El foco en las empresas y la prueba documental
Hasta el momento, el grueso de la prueba en manos de la Fiscalía consiste en más de 90 cajas de documentación aportadas por Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que es inminente el pedido formal de documentación a las empresas privadas que intervinieron en la provisión de materiales y ejecución de los trabajos.
La investigación busca configurar delitos como malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y defraudación al Estado. El eje central de la pesquisa es el proceso de licitación de las tuberías, adjudicado en su momento a la firma Krah América Latina S.A., vinculada a Gustavo Monti (fallecido recientemente), quien era primo del exgobernador Sergio Uñac.
Querella y plazos
Cabe recordar que la Fiscalía de Estado ya se constituyó como parte querellante en la causa, lo que le permite al Gobierno provincial impulsar medidas de prueba y acceder al expediente. El plazo inicial de la investigación preliminar es de 90 días, aunque dada la complejidad técnica y el volumen de documentos a analizar, no se descarta una prórroga.
Por ahora, los peritos analizan si los caños colocados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en los pliegos originales o si, como sostiene la denuncia, hubo una sustitución de materiales que pudo haber perjudicado el erario público en una cifra que oscilaría entre los 50 y 100 millones de dólares.
